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Las restricciones de acceso en Madrid tendrán un coste anual de 81,6 millones de euros al año.

Uno de los principales pilares para que los ciudadanos de cualquier país europeo puedan tener acceso a productos sin restricciones y a precios de mercado está en la agilidad que ha ido ganando el transporte de mercancías en las últimas décadas.

La eficiencia del transporte ha facilitado la globalización de la economía y ha intensificado el tráfico de mercancías a nivel mundial, algo que ha contribuido a generar mayor riqueza en todo el planeta.

Sin embargo, el uso de combustibles fósiles, máximo responsable de que el transporte se haya convertido en un elemento fundamental de la economía a escala global, es también en buena medida culpable de la contaminación que perjudica al medio ambiente.

Conocedores de esta circunstancia, el transporte vive un proceso de descarbonización en el que se proponen medidas en avalancha a las que, en gran parte, les suele faltar una pertinente dosis de realismo.

Precisamente esta es una de las principales conclusiones que pueden extraerse del estudio sobre el ‘Impacto en el Transporte de las Medidas para Mejorar la Calidad del Aire en las Ciudades. Aplicación a las restricciones por categoría de motor’ publicado por la Fundación Corell y que se ha presentado esta misma semana en Madrid.

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Miguel Ángel Ochoa, a la derecha, junto con Rafael Barbadillo, en la presentación del estudio.

Medidas realistas, progresivas y consensuadas

El trabajo, elaborado por la Cátedra Amelio Ochoa parte de la premisa de que las medidas de protección medioambiental no pueden aplicarse a costa del crecimiento económico y social, por lo que se necesitan propuestas sostenibles e inteligentes, que tengan en cuenta no solo los beneficios en términos de emisiones que van a tener, sino que también cuenten con los costes económicos y sociales que pueden generar.

En este sentido, el estudio refleja que el transporte y la logística, pese a ser uno de los más afectados por la política medioambiental, son sectores muy concienciados con el impacto de sus actividades y pide, a modo de recomendaciones, que las medidas de restricción de emisiones se tomen de manera progresiva, que se centren en incentivar más que en restringir comportamientos no deseados y que todas las propuestas se basen en estudios previos independientes y rigurosos, al tiempo que busquen el más amplio consenso posible.

De igual modo, el trabajo de la Fundación Corell también solicita a las Administraciones públicas que mantengan una línea coherente en cuestiones fiscales, con el fin de que las empresas puedan contar con un marco de actuación estable en el que desenvolverse a medio plazo y de este modo poder hacer frente a inversiones en flota e instalaciones con garantías de que conseguirán un retorno acorde en un período plausible para su actividad.

Así mismo, el estudio también hace un análisis detallado del impacto que tienen las limitaciones a la circulación de vehículos por categoría de motor impuestas en la ciudad de Madrid.

Según apunta el documento, estas medidas tendrán un coste anual hasta 2025 de 81.627.536,88 euros, a razón de 223.637,09 euros diarios frente a un ahorro al año en emisiones en dicho período que el trabajo cifra en 61.848.211,62 euros para todo el conjunto de vehículos que se mueven en el interior de la M-30, con un impacto negativo de cerca de 20 millones de euros, por tanto.

En particular, de esos 81,6 millones de euros de coste anual, unos 2,93 millones corresponderían al impacto de las medidas sobre los vehículos comerciales e industriales que operan en el interior de la ciudad de Madrid, dentro del perímetro de la M-30.