El Consejo de Ministros ha aprobado este pasado viernes un Real Decreto Ley que modifica la Ley 39/2003, de 17 de noviembre del Sector Ferroviario, con el fin de incrementar la competitividad y eficiencia de este ámbito.
En lo concerniente a la actividad desarrollada por Adif, el nuevo Real Decreto modifica la Ley del Sector Ferroviario para establecer el procedimiento para la modificación y actualización de las cuantías de los cánones ferroviarios, atribuyendo al administrador de infraestructuras ferroviarias la competencia para proponer las mismas.
Sentencia del Tribunal de Luxemburgo
Este Real Decreto Ley es consecuencia directa de la sentencia del tribunal de Luxemburgo acerca de la ley del sector ferroviario, del mes de marzo pasado, en relación con las denuncias de la Comisión Europea contra algunos países, entre ellos España, por incumplimiento de las directivas ferroviarias.
Se pone fin así a casi 5 años de pleito -de cartas de emplazamiento, de reuniones a dos bandas, de argumentos de todo tipo, de escritos de demanda, de réplica, de dúplica, de conclusiones del abogado general, etc. El motivo de la denuncia, como ya adelantó en una entrevista a cadenadesuministro.es del presidente del CRF Juan Miguel Sánchez, era que hasta este pasado viernes era el ministerio de Fomento el que fijaba los cánones a través de orden ministerial. Sin embargo según las normas europeas, debía ser Adif, el administrador de la red, el que fijara la cuantía de los cánones y el que debería otorgar los surcos, contando con la supervisión del regulador.
En definitiva el Gobierno con la publicación de este Real Decreto Ley, no ha hecho sino adoptar las medidas señaladas en la sentencia, ya que tal y como advertía el Comité, el retraso en adoptar las medidas señaladas en la sentencia podría haber llevado a que el Tribunal, a instancias de la Comisión, hubiera impuesto "el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva contra España”.
Como adelantaba Juan Miguel Sánchez, en su comentario sobre la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de la Ley del Sector Ferroviario, "se trata de saber darle arreglo a un problema, procediendo a un cambio en los roles actuales del sistema ferroviario en España". Se trata, en definitiva, de que el Ministerio de Fomento recupere su auténtica función que es la de ordenar normativamente y mediante herramientas de gestión e inspección la actividad ferroviaria, sin fijar precios o tarifas para el administrador ni del operador.
Este extremo debe ser competencia del administrador de infraestructura, "que tiene que recuperar su independencia de gestión, que es lo que recuerda el Tribunal, fijando él mismo los cánones y tarifas dentro del marco normativo que se establezca". Y lo que es importante, proseguía el presidente del CRF, "contando con un sistema de incentivos para mejorar la productividad y la eficiencia en el uso de la infraestructura ferroviaria".
A este respecto, en el Real Decreto Ley que modifica la Ley 39/2003, de 17 de noviembre del Sector Ferroviario aprovado en el último Consejo de Ministros, se habilita al Ministerio de Fomento para desarrollar y actualizar los principios básicos de aplicación de los sistemas de bonificación e incentivos establecidos en la propia Ley del Sector Ferroviario para reducir al mínimo las perturbaciones y mejorar el funcionamiento de la Red Ferroviaria de Interés General.
Aumento del límite de endeudamiento para Adif
Por otro lado, el nuevo Real Decreto Ley modifica el Anexo III de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para incrementar el importe autorizado a Adif para concertar operaciones de crédito, pasando de 1.109 millones de euros a 1.684 millones de euros, como consecuencia de los cambios favorables recientemente experimentados en la situación de los mercados financieros, con el fin aprovechar la actual coyuntura, ya que en el año 2012, por la situación de mercado existente, Adif no pudo captar el límite de endeudamiento previsto para dicho ejercicio.