El sector del transporte de viajeros está atravesando problemas de liquidez y viabilidad económica ante la caída de hasta el 95% en la demanda de servicios con motivo de la crisis del Covid-19. La posible rebaja del estado de alarma en unas semanas supondrá un paulatino incremento de la oferta de servicios públicos de transporte hasta llegar a un punto de normalidad que ajuste oferta y demanda.
La salida del periodo de hibernación de la economía, con nuevas normas de prevención y condiciones de uso limitado del espacio de los vehículos de transporte, ya da una idea de que se está diseñando un servicio distinto al que se prestaba antes. Estos protocolos supondrán un aumento de los costes operacionales y una reducción de la ocupación.
La ausencia de normas específicas para el transporte se ha justificado hasta ahora por el estado de alarma, pero a su terminación es necesario construir un marco nuevo provisional y flexible. El sector necesita planificación, anticipación y recursos para la nueva movilidad que exige la actual crisis sanitaria.
A juicio del Think Tank Movilidad de la Fundación Corell, es necesario contar con una plataforma de negociación y comunicación activa, estable y específica entre las autoridades de transporte, los operadores y sus representantes asociativos.
Su creación permitiría trasladar, de forma homogénea a la práctica de las empresas, las condiciones reales de prestación del servicioy las normas genéricas que se emiten desde el Gobierno, que habrán de concretarse en un acuerdo sectorial.
Aspectos a tener en cuenta
Desde la Fundación, advierten de es preciso evaluar el nivel de oferta requerida, pues la demanda no volverá a los niveles habituales en, al menos, un año. Asimismo, en estaciones, terminales y paradas, se debe garantizar la limpieza y desinfección diaria, y es necesario limpiar y desinfectar los vehículos en función del número de viajes realizados.
El personal también también tendrá que ajustarse a nuevos procedimientos, como el uso de Equipos de Protección Individual y el rediseño de la zona de trabajo. Por su parte, los clientes deberán someterse a un control previo al embarque en determinados medios de transporte y evitar el pago en efectivo.
En el Think Tank, proponen que la administración y las asociaciones comiencen a trabajar cuanto antes para fijar normas y protocolos de ejecución, bajo la guía de la Secretaría General de Transporte. Del mismo modo, es necesario realizar una evaluación económica del nuevo modelo de movilidad y adaptar las ayudas propuestas por el Estado a las condiciones del sector.
Por último, debe actualizarse lo antes posible la normativa sectorial para facilitar un ajuste de los contratos actuales a la nueva situación económica.