La cuestión planteada presenta un interés objetivo para la formación de jurisprudencia.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación de la Generalitat de Cataluña sobre la actividad de la plataforma Uber, por lo que decidirá si debe someterse a la intervención administrativa del sector del transporte, o debe entenderse que desarrolla una actividad excluida de esta ordenación y no está sometida a licencia o autorización.
En este caso, estaría amparada por el principio de libre establecimiento y prestación de servicios que garantiza la Ley de la Sociedad de la Información.
La cuestión planteada tiene interés objetivo para la formación de jurisprudencia, por lo que conviene determinar el marco regulador de las actividades de intermediación o conexión de usuarios y servicios a través de plataformas o aplicaciones digitales.
Por ello, el Supremo ha admitido el recurso contra la sentencia de 6 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 15 de Barcelona, que estimó un recurso de Uber contra una multa de 4.001 euros de la Generalitat por la contratación como transportista o la facturación por servicios de transporte público de viajeros sin la debida autorización.
En esta línea, conviene señalar la postura de la Comisión Europea sobre la naturaleza jurídica de Uber, que ha sido definida en Bruselas como una empresa de transporte en el litigio que enfrenta a la compañía con la Asociación Profesional Élite Taxi de Barcelona, que mantiene que la ausencia de licencias, autorizaciones y credenciales vulnera la regulación española.