Los Ministros de Agricultura de la UE han debatido este pasado lunes 19 de mayo en la reunión del Consejo, acerca el bienestar de los animales durante el transporte.
Este punto ha sido incluido en el orden del día a petición de las delegaciones sueca y danesa, con el apoyo de las delegaciones holandesas y austriaca.
De esta forma, las delegaciones han retomado las conclusiones del Consejo sobre Protección y Bienestar Animal que se adoptó en junio de 2012 bajo la presidencia danesa. En aquel momento los Ministros no se llegó a ningún acuerdo para pedir a la Comisión que presentara propuestas en relación con la duración del transporte de los animales.
El Comisario de Salud Pública, John Dalli, señaló en aquel entonces que no consideraba necesario la modificación de la normativa del bienestar de los animales en relación a la duración del transporte, si bien se apoyaba que se armonizara la aplicación de la normativa entre los estados miembrosy se proponía la realización de guías de buenas prácticas.
En el documento elaborado por los cuatro países del norte que han planteado este punto en la reunión del Consejo, se ha recordado que en junio de 2012, John Dalli recibió 50 cajas conteniendo más de 1,1 millones de firmas de ciudadanos de la UE, que pedían que se limitara a ocho horas la duración máxima del transporte de animales con destino a sacrificio.
En cuanto a la postura española, la ministra de Agricultura, García Tejerina, ha insistido en que España apoya reforzar la implementación de la normativa actual de bienestar animal en el transporte, “en aras de alcanzar un nivel aceptable de consenso y así aunar esfuerzos”.
En este sentido, la ministra ha añadido que “España está trabajando muy activamente con la Comisión y otros Estados miembros para avanzar en los trabajos emprendidos con vistas a mejorar la aplicación de la normativa vigente”.
En todo caso, la ministra ha reiterado la oposición española a cualquier propuesta de limitación del transporte en función de la duración del viaje, más aún cuando la limitación pretendida se basa en un criterio discriminatorio en función del destino de los animales transportados.
Para la ministra, “tales propuestas ni se sustentan en evidencias científicas ni se ajustan a los principios jurídicos de la libre competencia y el funcionamiento del mercado interior”.