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Hasta septiembre de 2015, la importación comunitaria de frutas y hortalizas procedentes de Marruecos totalizó 757.200 toneladas.

La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, emitida el pasado jueves 10 de diciembre, tendrá un fuerte impacto en las importaciones comunitarias de frutas y hortalizas procedentes de Marruecos.

Esta sentencia supone la anulación del acuerdo entre la UE y Marruecos, que incluye medidas de liberalización del comercio agrícola así como la globalidad de las concesiones realizadas en el sector de frutas y hortalizas, lo que afectará al comercio entre la Unión Europea y el país africano.

La anulación, realizada en forma de canje de notas entre la UE y el Reino de Marruecos,  afecta a los regímenes aplicables a la importación en la UE de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca originarios de Marruecos.

Por otra parte el Protocolo comprende la supresión de los derechos de aduana para la generalidad de las frutas, hortalizas, flores y plantas, así como las concesiones en los precios de entrada para tomates, pepinos, calabacines, alcachofas, naranjas, clementinas, uva de mesa, albaricoques, melocotones y nectarinas.

Quedan afectados también los contingentes mensuales con precio de entrada convencional o reducido para tomate, mientras que el 7 incluye los contingentes y aranceles que se mantienen en determinados periodos, o se reducen, para los siguientes productos: tomates, ajos, pepinos, calabacines, clementinas y fresas.

De esta forma, la sentencia limita la anulación de las concesiones comerciales a los productos agrícolas originarios del Sahara Occidental, en el que Marruecos ha aplicado una política de desarrollo de producciones hortícolas intensivas, creciente en las exportaciones a la Unión Europea.

En 2015, hasta el mes de septiembre, la importación comunitaria de frutas y hortalizas procedentes de Marruecos totalizó 757.200 toneladas, un 3% más que en el mismo periodo de 2014, por un valor de 910,8 millones de euros, lo que equivale a un incremento el 18%, manteniendo su tendencia creciente.

La sentencia aún está pendiente de valoración por los servicios jurídicos de la Comisión Europea. Si la sentencia es recurrida, para lo que se abre un plazo de dos meses, el Tribunal puede suspender su ejecución.