El Consejo Europeo de Ministros de Empleo y Política Social celebrado la semana pasada no alcanzó un acuerdo para una regulación europea para las condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas digitales.
En este sentido, España, Portugal, Eslovenia, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Grecia, Alemania y Rumanía se han opuesto finalmente al proyecto de Directiva presentada en el Consejo, pese a la propuesta de compromiso presentado por la presidencia checa.
Según el Ministerio español de Trabajo y Economía Social, la propuesta "rebajaba los derechos laborales, diluía la presunción de laboralidad de las personas trabajadoras en plataformas digitales y no ponía fin al abuso de los falsos autónomos".
En este sentido, el proyecto de norma europea, que después cada país tendría que adaptar con cierta flexibilidad a sus ordenamientos jurídicos nacionales respectivos, pretendía establecer una serie de requisitos para diferenciar aquellos casos en que los trabajadores deberían ser considerados asalariados o autónomos.
Frente a ello, España busca una "presunción de laboralidad fuerte, clara, sin derogaciones, sin excepciones”, tal y como ya existe en la 'Ley Rider' nacional, y que, en línea con diferentes sentencias a favor de la laboralidad en diversos tribunales de países de la Unión Europea, ponga fin a lo que el Ministerio considera "situaciones de abuso y de precariedad en forma de falsos autónomos, sin derechos, sin protección social, que vemos todos los días en las grandes ciudades de Europa”.
