La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, ha interpuesto una denuncia ante el Defensor del Pueblo Vasco por la actuación que está llevando a cabo Bidegi, concesionaria del peaje en la N-1 y la A-15, en cuanto al procedimiento de notificación de deudas por presuntos impagos por parte de los camiones.

Desde su entrada en vigor, se han producido numerosos cobros indebidos a categorías de vehículos no sujetos al pago del peaje, como es el caso de los autobuses o de los camiones y furgonetas de tonelaje inferior a 3,5 toneladas, o incluso de los camiones entre 12 y 3,5 toneladas, que deben abonar una tarifa inferior.

La empresa, que depende directamente de la Diputación de Guipúzcoa, remite la comunicación al transportista por correo ordinario no certificado limitándose a notificar la presunta existencia de un impago del peaje, sin aportar ningún dato que permita identificar la deuda al transportista.

En la carta no figura ni la carretera en la que se ha producido la infracción, ni la fecha y hora, ni el pórtico de peaje atravesado ni el importe reclamado, tal y como denuncian desde Fenadismer.

Para obtener esta información y comprobar si efectivamente circuló por dicha vía y su dispositivo de pago Via T no abonó el peaje, la concesionaria obliga a los transportistas a registrarse en la web y facilitar tanto sus datos personales como los de una tarjeta bancaria.

Indefensión jurídica

Esta «actuación abusiva» ha llevado a la Federación a interponer una denuncia y solicitud de amparo ante el Defensor del Pueblo Vasco por considerar que se está generando una «gran indefensión jurídica» hacia los transportistas, sin precedentes.

Por otro lado, tanto la Diputación de Guipúzcoa como las Juntas Generales forales interpondrán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declaraba ilegal la norma foral que estableció el peaje.

Las diferentes asociaciones de transportistas han acordado oponerse ante el Tribunal Supremo la admisión a trámite de dichos recursos porque carecen de interés casacional alguno, lo que deberá resolver próximamente el Tribunal Supremo antes de continuar, en su caso, su tramitación.