La Federación, en un comunicado, asegura que el sector del transporte por carretera, como actividad “esencial” para el desarrollo económico, es un sector “permanentemente intervenido y fiscalizado por el Estado”.
En primer lugar, sometido a una constante inspección, “que a día de hoy llega incluso a triplicarse, interviniendo el ministerio de Fomento, el ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas”, ha dicho.
Por otro lado, indica la Federación, se ve afectado por el denominado “efecto cohete y la pluma”, según el cual “el precio del carburante en origen desciende “pero las petroleras no reducen los precios a un ritmo proporcional con este descenso”.
Y por último, considera, con la actual reforma de la LOTT, sería “vital” para el sector la inclusión de la acción directa”, a modo de garantía del transportista para reclamar al cargador el pago del servicio y no estar limitado exclusivamente a reclamarlo al intermediario que contrató sus servicios en la cadena de transporte.
Adenás, la Federación exige el cumplimiento de la Ley de Morosidad, debido a que la media de pago a este sector se encuentra en 98 días mientras que los transportistas pagan a 30 días como máximo, convirtiéndose esta situación en una “gravísima” carga añadida a la actividad y competencia de las empresas.
“Lo que se pretende es empatizar con la Administración para que entienda la contribución del sector y la situación del mismo con el fin de obtener medidas que garanticen el futuro de un sector tan primordial, que ayuda a mantener y crear el tejido empresarial, industrial y social, representando el 9% del PIB regional, con 20.000 puestos de trabajo directos y 70.000 indirectos, pero cada vez más hundido”, concluye.