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El Consejo de Administración de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, FGV, ha aprobado el contenido del Expediente de Regulación de Empleo que afectará a un total de 450 de los 1.805 trabajadores que prestan servicio en Metrovalencia y el TRAM de Alicante, lo que supone un 25% de la plantilla.

Las causas del ERE, según ha comunicado FGV, son técnicas, productivas, organizativas y económicas. Por lo que con este proceso de reestructuración se pretende conseguir que el presupuesto de gasto de personal de la empresa se reduzca en 22 millones de euros.

El ERE de la empresa pública valenciana se ha presentado ante el Consejo de Administración, una vez completados el Plan de Saneamiento y la Auditoría Laboral de la empresa y forma parte de la aplicación del Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Comunidad Valenciana, impulsado por la Generalitat.

Tras la reunión del Consejo de Administración, se ha entregado al Comité de Empresa la documentación que acredita las causas del procedimiento de regulación de empleo, así como los criterios que determinarán qué personas se verán perjudicadas.

El ERE afecta a todas las áreas de la empresa y que los criterios para su aplicación a los trabajadores son los siguientes: edad más próxima a la jubilación; elevado índice de absentismo y acumulación de sanciones disciplinarias; menor antigüedad en la empresa; falta de polivalencia, capacitación técnica y/o experiencia; menores cargas familiares.

Desde el punto de vista organizativo se ha expuesto que la empresa contará con un nuevo organigrama que reduce las direcciones existentes a la mitad, pasando de 16 a 8. La nueva organización establece dos grandes direcciones dependientes de la Gerencia, como son la de dirección de Explotación, en la que se incorporan todos los departamentos técnicos y de transportes, y la de Gestión, que incluye las áreas que dan soporte común a toda la entidad.

A partir de ahora, se abre un calendario de reuniones para los próximos 30 días para que empresa y trabajadores puedan llegar a un acuerdo. Las extinciones de los contratos se producirán escalonadamente durante los próximos meses.