Fomento asumirá a partir del 10 de mayo la gestión de la R-3 y la R-5

A partir de esa fecha, solamente quedará pendiente el proceso de liquidación de la AP-41 Madrid-Toledo para concluir el rescate de las autopistas en quiebra, que comenzó en febrero.

07/05/2018 a las 15:22 h

Autopista de peaje R5 en Madrid Las autopistas quebradas suman una deuda de 3.200 millones de euros.

El Ministerio de Fomento rescatará el 10 de mayo las autopistas R-3 y R-5, que unen Madrid con las localidades de Arganda y Navalcarnero, tal y como ha sido establecido por el auto del Juzgado de lo Mercantil número 6 de la capital, encargado de aprobar el plan de liquidación ambas vías.

Hasta ahora eran gestionadas por la concesionaria Accesos de Madrid, participada por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia, que entró en quiebra con una deuda de 449 millones de euros. Mientras la R-3, de 31,8 kilómetros, registra un tráfico diario de 9.886 vehículos, la R-5, de 31,63 kilómetros, contabiliza unos 7.800 usuarios.

Con ellas, habrán revertido ya al Estado ocho de las nueve autopistas en quiebra. A partir del 10 de mayo, solamente quedará pendiente el proceso de liquidación de la AP-41 Madrid-Toledo para concluir el rescate, que comenzó en febrero.

Se trata de las primeras vías de pago que el Gobierno tiene bajo su gestión en más de una década, aunque se declararon en concurso de acreedores en 2012, por la caída del tráfico y los sobrecostes de las expropiaciones. Juntas, suman una deuda de 3.200 millones de euros.

Todas ellas se mantendrán abiertas al tráfico mientras Fomento gestiona su relicitación a través de Seittsa, ya que pretende que pasen a manos de empresas privadas antes de que acabe 2018. En paralelo, trabaja para agilizar la rescisión de los contratos de concesión para iniciar el pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración.

Según sus cálculos, ascenderá a unos 1.800 millones, pero los acreedores de las vías elevan la cantidad hasta los 4.500 millones. Asimismo, el departamento de Íñigo de la Serna prevé ingresar hasta 1.000 millones de euros por su relicitación.

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