Autopista de peaje R5 en Madrid

Fomento asumirá la gestión de las radiales madrileñas si así lo dicta el juez.

Las autopistas de peaje quebradas R3 y R5, las radiales de la Comunidad de Madrid, podrían quedar cerradas al tráfico a partir del próximo 1 de octubre, después de que el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid dictase el pasado mes de mayo su liquidación.

Por este motivo, el Ministerio de Fomento y la administración concursal siguen buscando una medida que garantice la continuidad del servicio. De hecho, en el Gobierno estudian la posibilidad de asumir la gestión si así lo estima la Justicia.

El ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, ha señalado recientemente que si el juez resuelve que las radiales madrileñas deben quedar en manos del Estado, el Gobierno «lo acatará y hará todo lo posible para formar parte de una solución equilibrada que garantice el servicio de las vías y los puestos de trabajo».

Ante estas declaraciones, desde el sindicato UGT han mostrado este jueves «su satisfacción por la voluntad del Gobierno de mantener el empleo y la viabilidad de las autopistas R-3 y R-5».

Una solución equilibrada

Desde el sindicato comparte que la Administración abogue por una solución equilibrada en la que todos los actores implicados «asuman su cuota de responsabilidad y propongan soluciones en las que se priorice, siempre, el mantenimiento del empleo y las condiciones laborales de los trabajadores», señalan.

En el seno del sindicato no consideran válida la opción de «socializar pérdidas por una negligente política de infraestructuras, ni poner en riesgo un modelo concesional que debe ofrecer garantías jurídicas a las empresas que invierten en el desarrollo y gestión de infraestructuras».

El modelo concesional, que atrae inversiones en el ámbito de los servicios y las infraestructuras, contempla un beneficio a largo plazo para las empresas que han cumplido con sus obligaciones contractuales. «Ese beneficio, al igual que el perjuicio en caso contrario, debe estar dotado de un consistente marco normativo que ofrezca seguridad jurídica«, indican desde UGT.

«Por este motivo», aseguran, «no valen soluciones de conjunto», debiéndose realizar un individualizado, caso por caso, «que defina la mejor solución de forma independiente».