O las cartas que emite el Comité Nacional de Transporte tardan en llegar al buzón del Ministerio de Fomento, o para este departamento las peticiones de un sector estratégico como es el transporte de mercancías, incluso con ultimátum de paro incluído, quedan bastante por debajo en orden de importancia con relación a otras líneas de acción política.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no hizo mención expresa durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Senado de esta semana a ninguna de las 12 medidas planteadas por el Comité Nacional la semana pasada, salvo el caso concreto de la persecución de las empresas buzón y para hacer un hueco «reconocimiento expreso a la labor de un sector estratégico que es el que claramente mueve más mercancías en el transporte interior y no por fruto de la casualidad, sino como resultado de un sector muy competitivo, flexible, con una gran capilaridad, y en la que la dedicación de sus trabajadores ha sabido adaptarse a las necesidades y exigencias de sus clientes con unos elevados estándares de calidad».

Es más, en el caso de la tarificación por el uso de infraestructuras, Ábalos volvió a insistir en alcanzar un «pacto de Estado que garantice la sostenibilidad de las infraestructuras», fruto de «un debate riguroso y serio sobre la financiación del mantenimiento y la conservación del conjunto de la Red de Carreteras del Estado», algo que, aunque parece una patada a seguir para evitar el debate, abre, sin embargo, de lleno la discusión en torno a la introducción de nuevas tasas por uso de la red viaria o por nivel de emisiones contaminantes, como, por otra parte, ya viene pidiendo la Unión Europea desde hace tiempo y como también se ha analizado por otros gobiernos anteriores.

Sí que se ha referido de pasada el ministro a la lucha contra las empresas buzón, aunque para explicar que el Departamento que dirige trabaja «para lograr una posición clara y nítida de los intereses del sector, favoreciendo la participación de nuestros expertos en todas las instancias europeas, con especial mención a los trabajadores del sector del transporte que sufren la competencia desleal de las empresas buzón”, lo que equivale a decir que el Gobierno no tiene una posición determinada todavía en relación con otros aspectos de crucial importancia para el transporte y que forman parte del Paquete de Movilidad.