Fomento recurrirá en los próximos días la liquidación de la AP-36 Ocaña-La Roda

Solicitará que se paralice el proceso de liquidación de la vía hasta que la Audiencia se pronuncie, ganando tiempo para lograr un acuerdo en torno al plan de rescate de las autopistas.

18/03/2015 a las 1:00 h

Autopista AP-36 Albacete-La Roda la primera en entrar en quiebra

El Gobierno presentará en los próximos días un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto del Juzgado de lo Mercantil número 2 de la capital, que ha dictado recientemente la liquidación de una de las ocho autopistas de peaje en quiebra, la AP-36 Ocaña-La Roda.

En dicho recurso, el Ministerio de Fomento solicitará que se paralice el proceso de liquidación de la vía al menos hasta que la Audiencia se pronuncie, argumentando que existe aún posibilidad de lograr un acuerdo en esta y en el resto de las autopistas de pago antes de proceder a su liquidación.

Además, en lo que respecta a los "defectos de ilegalidad" observados por el Juzgado y que motivaron la apertura de liquidación de esta autopista, el Gobierno sostiene que los motivos que el juez expone no justifican la decisión de liquidar la misma, ya que se trata de defectos subsanables.

Con este recurso, el Ministerio pretende contar con tiempo suficiente para cerrar un acuerdo sobre el plan que ha diseñado para rescatar a las ocho autopistas en quiebra, que pasa por integrarlas en una sociedad pública tras aplicar una quita del 50% en la deuda de unos 3.400 millones de euros que suman las vías, con el pasivo restante en un bono a treinta años.

Por otro lado, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, encargado de los concursos de las radiales R-3 y R-5 de Madrid y de la circunvalación de Alicante, también ha solicitado a Fomento que subsane algunos defectos que ha detectado en esta propuesta de convenio.

Cabe recordar que la exclusión de una sola vía en el plan de rescate haría peligrar el mismo, ya que el proyecto está calculado a partir de la inclusión de las ocho vías, por lo que, de excluirse la AP 36, podría incumplirse con los parámetros de cobertura de costes y deuda con ingresos que exige la Unión Europea, y activaría la responsabilidad patrimonial que el Estado tiene ante las vías.

Esta responsabilidad supondría un coste para el Estado de 4.500 millones de euros para el total de ocho autopistas, aunque las concesionarias elevan este importe a 5.700 millones.

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