Desde el 1 de enero de 2022, los puertos italianos deberían tributar como el resto de las empresas y abonar el Impuesto de Sociedades. Así lo ha determinado, tras finalizar la correspondiente investigación, la Comisión Europea.

Aunque inicialmente se instó a Italia y a España a eliminar las exenciones fiscales a los puertos a partir de enero de 2021, solamente España acató el mandato, mientras Italia prefirió iniciar un proceso para tratar de evitar este cambio.

El Gobierno del país, que hasta ahora ha hecho caso omiso a las acusaciones de que se trata de una ayuda estatal para los puertos, ha comunicado ya su intención de llegar hasta el Tribunal de Justicia Europeo para tumbar la última decisión de Bruselas.

El objetivo es mantener el modelo actual, que considera a los puertos como infraestructuras públicas gestionadas por las autoridades, no como empresas privadas o actores que se encuentran activos en el mercado.

Las normas de competencia de la UE reconocen la importancia de los puertos para el crecimiento económico y regional, permitiendo a los Estados Miembros invertir en ellos.

No obstante, según han establecido, los beneficios obtenidos por las Autoridades Portuarias por sus actividades económicas deberían ajustarse a las normativas de impuestos nacionales para evitar distorsiones en la competencia.