Apenas dos semanas después de que el Ministerio de Fomento abriese la puerta al desvío de camiones de la N-1 entre Burgos y Miranda de Ebro hacia la AP-1, el transporte por carretera ha vuelto a ser señalado este miércoles 27 de septiembre en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.

Los diputados de dicha Comisión han aprobado, con 35 votos a favor, ninguno en contra y sólo una abstención, una Proposición no de Ley relativa a la finalización de la concesión y liberalización de la AP-1 entre Burgos y Miranda de Ebro. 

La iniciativa llama a no prorrogar la concesión de la autopista de peaje AP-1 una vez finalice su vigencia en noviembre de 2018, e implementar las acciones necesarias para que a partir del 1 de diciembre de 2018 el tráfico para todos los vehículos por la autopista AP-1 sea gratuito.

Asimismo se establece la necesidad de elaborar el estudio informativo del tráfico, tanto ligero como pesado, que soportará al corredor de la AP-1 y N-I a partir de noviembre de 2018.

Del mismo modo, insta al Gobierno a iniciar a las negociaciones con la Junta de Castilla y León para que, mediante un convenio, se derive el tráfico pesado a la autopista de peaje AP-1 hasta su liberalización en noviembre de 2018.

El transporte, señalado de nuevo

En la exposición de motivos del Grupo Socialista el transporte por carretera no queda en buen lugar: El corredor de la Nacional-I «sufre un importante índice de accidentes por su gran peligrosidadpor el elevado número de tráfico que soporta y también por el elevado número de vehículos de transporte pesado que circulan por ella«, señala el texto.

Por ello, tras apuntar la necesidad de la liberalización del peaje, la Proposición recoge que «es fundamental que el Ministerio de Fomento firme un convenio con la Junta de Castilla y León para prohibir el tráfico pesado por la Nacional 1 y derivarlo a la autopista de peaje hasta la liberalización».

Unanimidad

Los partidos políticos han presentado algunas enmiendas, pero la propuesta que ha recibido el visto bueno de la práctica totalidad de la Comisión ha sido la presentada en los términos del Grupo Socialista.

No obstante, en el debate se ha podido ver la postura de algunos partidos políticos sobre este tema. Desde el Unidos Podemos han llamado a desviar el tráfico «aunque el Gobierno deba subvencionar la totalidad de los peajes a los transportistas», mientras que desde Ciudadanos han apuntado la necesidad de reabrir el debate sobre el «pago por uso» en las carreteras y el principio de «quién contamina paga».

Desde el PNV han apuntado que la situación «se debería haber abordado» trasladando el tráfico pesado a las vías de alta capacidad, «tal y como recomienda la Unión Europea», aseguran.

Por último, desde el Grupo Popular han asegurado que el Ministerio de Fomento «está trabajando, como medida rápida para disminuir la siniestralidad», en un convenio con la Junta de Castilla y León para desviar el tráfico pesado a la A-1, convenio «cuyas conversaciones y términos están muy avanzados».