Los portavoces de la Comisión Europea han aclarado esta misma semana durante una rueda de prensa celebrada en Bruselas la situación del polémico sistema de pago por uso en las vías de alta capacidad españolas a partir de 2024.
En concreto, el colegio europeo de comisarios ha hecho cuatro precisiones concretas al respecto.
La primera de ellas es que el plan español de recuperación incluye el compromiso de adaptar una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte que debería estar en vigor para diciembre de 2023.
En segundo lugar, la Comisión Europea asegura que el Gobierno de España ha pactado la inclusión en esta norma de la implantación de un sistema de tarificación para el pago por uso en la red viaria del país en línea con el principio de que el que contamina paga y que que se iniciará en 2024. De hecho, así figuraba en el proyecto fallido de Ley de Movilidad.
En tercera posición, el colegio europeo de comisarios ha hecho público que analizará si se cumple este compromiso cuando reciba la quinta petición española para acceder a los fondos europeos de recuperación. Es decir, que la obtención de este diner depende, entre otras cosas, del cumplimiento de este compromiso.
Y por el último, la portavoz de la Comisión ha asegurado que el proyecto español de pago por uso no está en discusión en estos momentos, desmintiendo así a algunos representantes del Ejecutivo español que habían anunciado que estaban negociando otras alternativas para no implantar este polémico sistema y dejando esta línea de pensamiento en pura propaganda política en pleno período electoral.
Como consecuencia, se plantean una serie de dudas al respecto del pago por uso.
La primera de ellas tiene que ver con la Ley de Movilidad, dado que el proyecto que estaban tramitando hasta hace unos meses ha decaido con el fin de la Legislatura. Así pues, el nuevo Gobierno que salga de las urnas deberá tener lista la norma en diciembre. Los plazos son muy ajustados, sobre todo a la vista de la compleja aritmética parlamentaria que puede quedar tras el 23-J.
La segunda incógnita tiene que ver con la propia implantación del sistema de pago por uso, una vez esté en vigor la Ley de Movilidad Sostenible que le de soporte jurídico.
A partir de ese momento deberá montarse un sistema con un complejo desarrollo tecnológico de la nada. Grosso modo, en pocos meses deberá realizarse un estudio, otro más aparte de los elaborados anteriormente y guardados en un cajón, para ver qué modelo es el más adecuado para la red viaria española de alta capacidad y, después, licitarse los trabajos para la infraestructura de cobro tanto física, como tecnológica. Parece difícil, cuando menos imposible.
Además, se supone, en esto el actual Gobierno en funciones ha dicho la verdad, que el sistema deberá contar con un amplio consensopara su puesta en marcha.
En definitiva, lo realista es pensar que el sistema de pago por uso no estará listo para comienzos de 2024 y que, muy posiblemente, tampoco para finales del año próximo, pero no porque no se haya comprometido con la Comisión Europea, sino porque los tiempos y la inestabilidad política no dan más de sí.
Otra cosa serán los efectos de este incumplimiento en las relaciones del próximo Ejecutivo con el colegio europeo de comisarios y, consecuentemente, también sobre unos fondos que España necesita perentoriamente.
