El Gobierno volverá a intentar esta semana sacar adelante la reforma de la estiba, a la que obliga a España una sentencia europea, tras la derogación por el Congreso del real decreto-ley que liberalizaba el sector en la sesión plenaria del pasado jueves.
Este martes 21 se reúnen de nuevo sindicatos y patronal, para buscar un acuerdo en torno a la última propuesta presentada por el Gobierno, en vísperas de la votación del decreto en el parlamento.
En esta ocasión, está prevista la participación de representantes de los ministerios de Fomento y Empleo, además del presidente del CES, Marco Peña, que actuará como mediador.
El punto de partida es el "acuerdo tripartito para el mantenimiento del empleo y la mejora de la producción en el sector de la estiba", que contempla prejubilaciones voluntarias con el 70% del sueldo de los últimos seis meses a partir de los 50 años o la subrogación de los trabajadores, entre otras medidas.
Mostrando las cartas antes de la partida
De la Serna ya ha advertido que el contenido del nuevo decreto ley no será muy distinto al del derogado por las limitaciones impuestas por la Comisión Europea.
El ministro de Fomento mantendrá también contactos con los grupos parlamentarios, que no desaprovecharon la ocasión de darl.
Sin embargo, los asesores jurídicos de los sindicatos, ya advirtieron el pasado jueves que la oferta del Gobierno “no compromete el 100% de la garantía de empleo de los actuales estibadores portuarios", por lo que tiene que ser la ley la que diga que las empresas deben subrogar a los trabajadores, mientras que el acuerdo tripartito contempla que ambas partes deben continuar negociando para obtener esa garantía de empleo.
Más allá de la celebración de los estibadores el pasado jueves en el Congreso, por la “victoria” conseguida gracias al apoyo de los grupos parlamentarios que, desentendiéndose del asunto principal, aprovecharon la oportunidad para dejar en evidencia la debilidad del actual Gobierno, esta semana debería finalizar con una mayor definición de las posturas de las partes.
Todo lo que no sea acercar posturas hacia una propuesta consensuada que, dentro de las líneas rojas marcadas desde Bruselas, permita definir un nuevo modelo de la estiba portuaria, supondrá estar cada día más cerca de la anunciada multa de los 134.107 euros durante el tiempo que España siga sin reformar la estiba.