Los acusados generaron sobrecostes cercanos al millón de euros al puerto malagueño.
El ministerio público analiza en 22 páginas de sus conclusiones provisionales, los proyectos y modificados para actuaciones desarrolladas del Atraque Sur del puerto de Málaga, reparación y restauración de la estructura del atracadero sur de cruceros y mejora de calado de la dársena del antepuerto y alineación del muelle 9.
Según el escrito inicial del fiscal, los acusados, con distintas responsabilidades en la proyección y ejecución de estas actuaciones, se concertaron para "justificar y encajar" en el presupuesto los supuestos sobrecostes, recogiendo obras "innecesarias" que serían "certificadas sin haber sido ejecutadas" o un volumen "superior al real".
Los acusados son dos extrabajadores del puerto, a quienes la Autoridad Portuaria confió en ese momento la dirección y control de las obras del atraque sur; dos responsables de la empresa contratista, Sando; y uno de Dragados. Se investigan delitos de fraude y de falsedad en concurso con malversación.
El escrito señala que en la liquidación de las obras "se modificaron arbitrariamente las mediciones de al menos cuatro unidades de obra", apuntando que "el perjuicio económico generado a la Autoridad Portuaria a través de certificaciones y liquidaciones fraudulentas asciende a 942.506 euros solo en el concepto de ejecución material".
En cuanto a la reparación y restauración del atracadero sur de cruceros, el fiscal explica que se tuvieron que hacer actuaciones a raíz del impacto en febrero de 2008 de un buque, empujado por el temporal, resultando dañada la estructura.
A este respecto, dicho empleado del puerto acusado actuó, dice esta parte, "impulsado por el afán de favorecer a la constructora" y con el fin de "neutralizar el riesgo de que al reconstruir o reparar el pilote dañado afloraran las irregularidades cometidas en las certificaciones".
Éste fue despedido cuando se descubrió "que la longitud de los pilotes del Atraque Sur era muy inferior a la certificada y liquidada en el expediente administrativo", tras lo que se inició este procedimiento judicial.
El fiscal solicita para el principal procesado, al que acusa de los delitos de falsedad y malversación, de fraude y de falsedad, la pena de once años y medio de prisión, para el otro exempleado del puerto pide seis años, tres años de cárcel para cada acusado de la contratista, solicitando que sea considerada responsable civil subsidiaria; y dos años de cárcel para el empleado de la otra empresa.
Desde la defensa de los acusados de la contratista y de la propia empresa han señalado que "no se malversó un céntimo" e, incluso, hay un crédito que no se reclamará porque se hizo una transacción "renunciando" a una cantidad que "entendíamos que aún se debía a la contratista".
Se han aportado informes técnicos, fotográficos y periciales "acreditando la ejecución de la obra, aquello que no estaba en el proyecto pero que la dirección de la obra entendía que había que hacer y la valoración de las mismas".
Desde la Autoridad Portuaria han reiterado su disposición a colaborar en la investigación, aportando la documentación que se requiera; apuntando que los dos acusados ya no son trabajadores del recinto portuario.