biocombustible

El reto consiste en avanzar hacia modelos descarbonizados en los principales sectores productivos.

España debe ser un país climáticamente neutro a mediados de este siglo, para lo que deberá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos el 90% en 2050 respecto al año 1990. Esto exigirá un esfuerzo indudable, por lo que las administraciones no deben limitar las tecnologías y recursos renovables que pueden ayudar a la descarbonización.

En particular en el sector del transporte, se debe limitar paulatinamente el uso de combustibles fósiles, pero una apuesta exclusiva por la electricidad renovable puede ser peligrosa para el empleo en determinados sectores, tener un impacto medioambiental todavía desconocido, y abrir las puertas a fabricantes asiáticos, contribuyendo a la deslocalización de la industria europea del automóvil.

A cierre de 2018, el número de puntos de carga públicos para vehículos eléctricos era de 120.000 en la UE, que pueden dar suministro a menos de 1,2 millones de vehículos. Esta cifra permanece lejos del punto de referencia conservador de la evaluación de impacto de la Directiva, de unos cuatro millones de vehículos eléctricos.

En ocasiones, los avances tecnológicos no van por donde el regulador quiere o espera, por lo que es necesario apostar por la bioeconomía, economía circular y biocombustibles como complemento de la electrificación renovable.

Los Estados Miembros siguen priorizando determinados combustibles considerados alternativos, pero no consideran con rigor ni su huella de carbono ni su contenido en energía renovable.

En solo seis años, el etanol renovable europeo ha aumentado su ahorro de gases de efecto invernadero en un 20%, logrando ahora un promedio de ahorro del 70% en comparación con el combustible fósil.

Este éxito ha sido posible gracias a los continuos esfuerzos de investigación, pero la implantación comercial de los biocombustibles de segunda generación no será posible hasta que no se desarrolle una economía que pueda apoyarse de forma rentable en los biocombustibles de primera generación.

En este sentido, se deben impulsar los biocarburantes fabricados con materias primas procedentes de la UE, por su facilidad de implementación en el parque móvil, bajas inversiones necesarias en infraestructura, menor huella de carbono y un beneficioso efecto sobre la economía rural y la industria europea del automóvil.

Los Estados Miembros siguen priorizando determinados combustibles considerados alternativos, como la electricidad o el GLP,  tanto a través de la fiscalidad como con subvenciones directas, pero no consideran con rigor ni su huella de carbono ni su contenido de energía renovable.

No obstante, apoyar productos combustibles que tienen su origen en el crecimiento orgánico de plantas es una forma de incentivar que el campo no se desertice. Se necesita aumentar la financiación en I + D para aumentar el valor de la lignina, un coproducto de la producción avanzada de etanol, así como de diversos coproductos de las biorrefinerías de etanol renovables.

Se debería aplicar una adecuada política fiscal que penalice los elementos de la actividad humana con un efecto negativo en el medio ambiente.

Además, la captura y utilización de carbono es una de las tecnologías más prometedoras para aumentar aún más el ahorro de emisiones. Durante la fermentación de materiales orgánicos, el CO2 capturado previamente por la materia prima durante su fase de crecimiento se libera de forma natural y se puede capturar, almacenar o reutilizar.

El reto consiste en avanzar hacia modelos descarbonizados en los principales sectores productivos y modelos de racionalización del consumo energético, lo que al tiempo supone una oportunidad para la modernización de la economía, el reparto equitativo de la riqueza y la generación de empleo.

La situación actual requiere nuevas medidas para aumentar la productividad del campo y aumentar la demanda de productos agrícolas, que pueden tener nuevos usos relacionados con el ámbito energético. De igual modo, el sector energético debe mejorar su planificación, limitar las importaciones de combustibles fósiles, fomentar los biocombustibles autóctonos y trabajar para la generación de electricidad renovable y la gestión de la red eléctrica en función del almacenamiento y la demanda.

En caso de no poder contar con un instrumento, como una ley, que permita afrontar una transformación ordenada hacia un modelo bajo en carbono y resiliente al clima, se debería aplicar una adecuada política fiscal que penalice los elementos de la actividad humana con un efecto negativo en el medio ambiente y prime los que sean neutros o positivos.

José Ramón Freire
Director de la Asociación Española del Bioetanol

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