AP GIJON ampliación El Musel_darsena

Los tres técnicos de la Olaf deberán completar su declaración, que quedó aplazada el pasado 15 de octubre.

La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que instruye el caso de las supuestas irregularidades en la obra de ampliación de El Musel ha vuelto a llamar a declarar a los tres técnicos de la Oficina Antifraude de la Unión Europea, Olaf, para que completen la declaración que quedó aplazada el pasado 15 de octubre, según recoge La Nueva España.

Según la anterior declaración de los técnicos, el pesaje de al menos 68.000 camiones que trasladaron materiales en las obras de ampliación del puerto de El Musel, que se desarrollaron en Gijón entre los años 2005 y 2011,  fueron “falsificados”.

Asimismo, según la declaración de los técnicos, durante las obras se habrían producido irregularidades que provocaron unos sobrecostes que podrían comportar la devolución de 247,5 millones de fondos europeos.

De acuerdo al testimonio, la Unión Temporal de Empresas encargada del proyecto, la UTE Dique Torres, decidió pagar precios de hasta 6 y 7,3 euros por metro cúbico de piedra, a pesar de que habrían podido obtenerlas de forma gratuita.

Esta UTE estaba formada por las empresas constructoras Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas. El pasado jueves 10 de marzo, los cuatro últimos directivos de la UTE Dique Torres, que todavía no habían compadecido ante el juez, testificaron, sin aportar algún dato de relevancia mayor a los declarador por los doce directivos que previamente habían prestado declaración.

Durante la sesión, que duró aproximadamente dos horas y media, los cuatro directivos han reconocido y reiterado que, desde el inicio de las obras en 2005, Dique Torres había anunciado a la Autoridad Portuaria de Gijón que los trabajos previstos costarían más de lo presupuestado inicialmente, a causa de las dificultades de explotación de las dos canteras de donde se extraerían los materiales previstos en el proyecto inicial.

Asimismo, también han declarado que en una reunión en Madrid a principios del 2006 entre altos cargos del Ministerio de Fomento, la Autoridad Portuaria y la propia UTE, el Ministerio autorizó al puerto a asumir los sobrecostes. En dicha reunión, habrían asistido el por entonces Estado de Transporte, Fernando Palao y el presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas.

Por último, los cuatro directivos han testificado que en 2006, antes de la aprobación del modificado de la obra de ampliación en octubre de 2007, Dique Torres comenzó a cobrar «certificados de obra nueva», tal y como señala el informe de Olaf que dio lugar a la apertura de la causa penal.

Ahora que los 16 directivos investigados de Dique Torres han prestado declaración, la jueza deberá dictaminar ahora en qué situación procesal continúan los mismos.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación.

La Comisión Europea financió el proyecto con 198 millones de euros procedentes de los fondos de cohesión, a los que se suman otros 49,5 que se encuentran pendientes de cobro, y ya ha reclamado el importe que sí llegó a la instalación.