El Gobierno quiere que los planes de infraestructura tengan el visto bueno del Parlamento.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha anunciado esta semana que el Gobierno ha iniciado recientemente los trabajos para elaborar una Ley de Movilidad Sostenible, que serviría para dar rango de ley a los planes de infraestructuras que suele elaborar Fomento y coordinar actuaciones con las administraciones autonómicas.
Con este proyecto, el Ejecutivo quiere crear planes de inversión a medio plazo que cuenten con el aval del Parlamento y, al mismo tiempo, abrir el debate sobre la financiación de la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras viarias del país, mientras, al mismo tiempo, se acerca el final de algunas concesiones.
Esto implicará que el año próximo, y a la espera de ver si la actual legislatura se prolonga, se empiece a discutir si habría que pagar peaje por usar la red estatal de autovías y en qué condiciones, e incluso si se establece algún tipo de euroviñeta para vehículos pesados, precisamente cuando la Diputación de Guipúzcoa pugna por consolidar su experiencia en la A-1 y en Cataluña se estudia su evolución con vistas a ver si se puede aplicar en algunas de las principales vías de alta capacidad en la región.
En relación con este asunto, Pedro Saura, en su reunión de esta misma semana con el Comité, ha anunciado a las asociaciones de transportistas que el debate sobre tarificación de infraestructuras no se abriría en esta legislatura. Pocos días después, sin embargo, parece que la discusión es inminente.