Los concesionarios de estaciones de servicio también tendrán que garantizar un número adecuado de puntos de recarga.
Los titulares de las gasolineras que en 2017 tuvieran un volumen de ventas de al menos diez millones de litros de gasolina o gasóleo tendrán que presentar en un plazo de nueve meses un proyectopara la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica con fuentes renovables y con una potencia igual o superior a 22 kw.
Así queda recogido en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece que deberían empezar a dar servicio en los 12 meses siguientes a la presentación de su plan ante la Dirección General de Política Energética y Minas.
Por su parte, las estaciones que registrasen un volumen de ventas de entre cinco y diez millones de litros, tendrán un plazo de 15 meses para presentar el proyecto y de 12 meses para ponerlo en marcha. El plazo será el mismo en provincias, ciudades autónomas o islas que no cuenten con una estación con estas condiciones, para las que al menos alcancen el 10% de las ventas.
En el caso de las concesiones estatales, las obligaciones de las estaciones con volúmenes de más de cinco millones de litros tendrán que ser cumplidas por los concesionarios, que deberán presentar un plan garantizando un número adecuado de puntos de recarga.
Muchos de los que actualmente gestionan este tipo de negocios no ven nada clara la apuesta por los vehículos eléctricos y se niegan a instalar este tipo de infraestructuras. Consideran que se les está obligando a perder dinero y están decididos incluso a cerrar o reconvertir sus negocios, según explica El Confidencial.
El coste de cada cargador eléctrico oscila entre 50.000 y 70.000 euros según algunas estimaciones, pero de momento pretenden paralizar cualquier tipo de inversión en sus instalaciones. Además, ponen el foco sobre las pequeñas gasolineras de zonas rurales, que se verán obligadas a echar el cierre si deben hacer frente a este desembolso.