En plena crisis sanitaria, los ERTEs han permitido aligerar temporalmente la carga laboral de las empresas de transporte para evitar su quiebra económica e intentar salvaguardar el empleo.

Sin embargo, ni aun en las peores circunstancias parece que el país del «vuelva usted mañana» puede sacudirse la perezosa y mastodóntica burocracia que lo enfanga todo, incluso lo más perentorio.

Fenadismer ha analizado la situación de tramitación de los expedientes de regulación de empleo en el sector para concluir, como regla general, que en todas las Comunidades Autónomas se han tramitado positivamente los ERTEs por fuerza mayor para las empresas transportistas, pese a su carácter como actividad esencial.

Sin embargo, en más de 50% de los casos, la admisión de los expedientes de regulación ha sido porque las administraciones han callado y han dejado transcurrir los plazos máximos de tramitación, aunque Castilla-León, Asturias, Comunidad Valenciana, Baleares y Galicia han ampliado este tiempo, que una vez sobrepasado implica que el ERTE sigue adelante.

De igual manera, la organización empresarial resalta «la gestión tan ineficiente y errática llevada a cabo en la Comunidad de Madrid, aplicando criterios de concesión o denegación divergentes para empresas de transporte con situaciones idénticas».

En este región están pendientes aún de resolver casi un 15% de las solicitudes presentadas, e incluso se han desestimando de forma ilegal, a su juicio, otro 30% fuera del plazo máximo legalmente establecido

En Madrid, también, según Fenadismer se han dado casos de ERTEs desestimados que, semanas después, han sido estimados por silencio administrativo positivo, sin que, como asegura la patronal, «en esa segunda resolución que corrige la primera se haga mención alguna a la misma, ocasionando la consiguiente inseguridad jurídica a las empresas transportistas afectadas».