En esta operación, la Policía Nacional ha investigado a un total de 36 personas.
La Policía Nacional y la Tesorería General de la Seguridad Social han llevado a cabo una operación dirigida contra el fraude a la Seguridad Socialque se ha producido especialmente en el sector del transporte de mercancías por carretera de Cataluña, con ramificaciones en otras siete provincias españolas.
Tras recibir un total de 18 denuncias sobre la presunta comisión de delitos contra la Seguridad Social en Cataluña en 2018, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han investigado a un total de 36 personascomo presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución, fraude a la Seguridad Social y grupo criminal mediante los cuales se habría generado un fraude a la Seguridad Social por valor de 18.182.092,59 euros.
Grupos de empresas y sucesiones opacas
Los investigados, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las aspiraciones de cobro, crearon en unos casos grupos fraudulentos de empresas, poniéndolas, según fuentes policiales, incluso a nombre de familiares menores de edad, y en otros sucesiones empresariales opacas para transferir las ganancias de las empresas deudoras a sociedades patrimoniales, con el fin de ocultar su verdadero balance económico.
En uno de los casos, se habría creado expresamente una sociedad y se habría puesto a nombre de la hija del supuesto cabecilla de la trama, para utilizarla como herramienta de gestión empresarial y reducir costes, gracias a que contrataba a sus empleados con un alta del 50% de jornada, o bien, sin darles de alta en la Seguridad Social por un sueldo que rondaba los 800 euros para realizar portes durante jornadas de hasta 12 y 14 horas.
Por otra parte, también se habría detectado un entramado societario opaco compuesto por 17 sociedades de transporte de mercancías por carretera con ramificaciones en siete provincias españolas. De todas ellas, trece sociedades serían deudoras de la Seguridad Social, mientras que las otras cuatro actuarían como instrumentales para facturar los trabajos de las primeras.
Según la Policía Nacional, este grupo creaba una nueva empresa dirigida por testaferros de confianza y que ponían en marcha una vez que provocaban intencionadamente la insolvencia de otra ya existente, a la que sucedía sin formalizar el cese de actividad para continuar el negocio con los mismos empleados trasvasados, pero sin afrontar los costes debidos de Seguridad Social.