Según ha informado la Asociación sobre Biogas y Gas Natural Vehicular, NGVA Europe, parece poco probable que se aplique un aumento del impuesto para el gas natural después de la división que se ha producido en la UE sobre la Directiva con la que se pretendía aplicar una nueva fiscalidad a la energía a partir de 2018.

Actualmente, la Comisión Europea está considerando la retirada de la directiva ya que todos los temas relativos a la fiscalidad en la UE requieren la unanimidad de los Estados miembro. En este sentido, NGVA Europe valoraría positivamente la retirada del proyecto, ya que el gas natural y el biometano sufrían«fuertes incrementos».

A día de hoy, el impuesto sobre el gas natural es mucho menor que el de otros combustibles. Según la propuesta de la Comisión, el gas natural habría sido sometido a la misma tasa de impuestos por tonelada de CO2 que la gasolina, el diesel y otros combustibles. Sin embargo el gas natural tiene menos emisiones que otros combustibles fósiles.

Así, según la asociación, la aplicación de un impuesto más alto habría supuesto para el gas natural, aún en desarrollo como una alternativa a los combustibles convencionales, una seria desventajas que habrían liquidado con el mercado por completo.

Recientemente, la Unión Europea ha adoptado una directiva en la que se contempla el desarrollo de infraestructura para los combustibles alternativos, por lo que los Estados miembros necesitan poner en marcha una red completa de suministro de GNC y GNL antes de 2020 y de 2025 respectivamente.

De este modo, según NGVA, ahora «Europa necesita dar estabilidad y seguridad» tanto los inversores en infraestructuras de gas natural como a los usuarios de vehículos de gas natural, con el fin de lograr sus objetivos.

División en la UE

Durante la reunión del Consejo celebrada en octubre, se solicitó a todos los ministros de Economía que componen la UE que diesen su opinión sobre una propuesta revisada de la directiva. Por un lado, tanto el Reino Unido como Alemania la rechazaron de pleno, a la vez que fueron apoyados por Letonia, Eslovenia y Bélgica.

Por el otro, Francia, Suecia y Dinamarca estuvieron de acuerdo con la revisión, mientras que otros países, como España y Portugal, apoyaron la idea de continuar trabajando en la directiva, ya que, según el Estado español se está yendo «en la dirección correcta».

Finlandia también se mostró favorable a la Directiva, aunque rechazó la revisión realizada por el gobierno italiano al defender que la propuesta original de la CE era «más rigurosa».