El puerto de Málaga reducirá las tasas a buques y mercancías.

Puertos del Estado había cifrado en medio millón el daño patrimonial por las irregularidades en las obras de ampliación.

Tras hacerse pública la investigación sobre las irregularidades en la certificación de las obras de ampliación en el puerto de Málaga, UGT ha informado de que han quedado excluidas las que aún se están investigando en el Muelle 9, que podrían elevar el perjuicio económico total, fijado en un millón de euros, hasta los ocho millones.

En este sentido, indican que la construcción de este muelle ha tenido un coste final muy superior al previsto y que ha se ha incrementado después por diversas reparaciones ante las deficiencias encontradas, lo que podría estar motivado por más irregularidades.

Asimismo, afirman que «resulta llamativo que Puertos del Estado cifrase en poco más de medio millón el daño patrimonial» por los supuestos sobrecostes en las actuaciones para la ampliación, mientras desde el puerto elevaban esta cantidad a 1,6 millones de euros.

Por otro lado, denuncian que la situación en el puerto no pudo ser trasladada inicialmente a los medios de comunicación debido a «la negativa» del presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde, a «facilitar información» sobre el asunto.

De hecho, han explicado que para que saliera a la luz ha sido necesario el encierro y convocatoria informativa en el Consejo de Administración del puerto por parte de un representante de UGT.

Investigación iniciada a partir de un accidente

Conviene recordar que las irregularidades en las obras de ampliación se detectaron a raíz del accidente sufrido por un buque que realizaba maniobras, que impactó contra el muelle de cruceros.

Al analizar los daños, el entonces director del recinto portuario, José Antonio Caffarena, observó irregularidades en la construcción y en junio de 2010 lo puso en conocimiento del presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde.

Según indican desde la organización sindical, una vez confirmadas las irregularidades e iniciado un expediente disciplinario contra el ingeniero responsable de la obra, el Juzgado de lo Social número 2 de Málaga consideró que los hechos podían tener tipificación penal, por lo que los trasladó al Ministerio Fiscal.