Los operadores logísticos, empresas que componen un sector crucial en el abastecimiento a la población, buscan seguridad jurídica para poder acogerse a ERTEs por causas de fuerza mayor.

Con esta medida, según UNO se persigue «tener la seguridad jurídica de que no se verán obligados en ningún caso a tener que abonar las cotizaciones sociales a la Tesorería General de la Seguridad Social y disponer así de mayor liquidez para mantener empleos».

La patronal sostiene que «la actividad del sector ha caído prácticamente a la mitad, habiendo empresas que han llegado a parar al no contar con ningún cliente perteneciente a la alimentación o la farmacia», algo que achaca a «la causa extraordinaria y temporal» de la pandemia del coronavirus.

Por este motivo, en su opinión, «sería absurdo que empresas que están trabajando con muy poca actividad, no puedan beneficiarse de una medida interesante de ayuda diseñada por el Gobierno, por estar apoyando el abastecimiento de los ciudadanos, centros de salud o farmacias».

Así mismo, la organización estima que «estamos en una situación de emergencia tanto sanitaria como empresarial y, por lo tanto, las empresas, también necesitamos medidas igualmente extraordinarias”, por lo que piden que no sea necesario tener que cerrar al completo la empresa para poderse acoger a esta medida.