El transporte quiere soluciones de largo recorrido antes de que termine la moratoria en septiembre.

No se dan las condiciones para abordar un cambio de estas características en el sector.

A pesar de que el Ayuntamiento de Madrid se había comprometido públicamente a conceder una moratoria de un año para permitir la adaptación de los vehículos de reparto de menos de 3.500 kg sin distintivo ambiental, en su última reunión de 2019 tomaba la decisión de no introducir ningún aplazamiento.

Por tanto, desde el 1 de enero de 2020, los vehículos de categoría A sin distintivo ambiental, no pueden circular por el centro de la ciudad. La Asociación de Transportistas Autónomos, ATA, ha denunciado que no se dan las condiciones para poder abordar un cambio de estas características en el sector.

En este sentido, alega que no existe la infraestructura necesaria para la recarga de las furgonetas eléctricas y el coste que supone adquirir vehículos propulsados por energías alternativas es «inasumible«.

En este sentido, la Asociación recuerda que aún no están disponibles las subvenciones previstas para la renovación de flotas y que no está claro quiénes se podrán beneficiar de ellas.

Al ser ayudas municipales, sus destinatarios deberían ser los que estén domiciliados en el termino municipal de Madrid, pero la mayoría de los transportistas que operan en la capital tienen su domicilio en la periferia.

Aunque el coste ambiental que generan estos vehículos supone el 1,6% del total que genera el tráfico de la zona centro, el 30% de las furgonetas que reparten en la capital se están viendo afectadas por la prohibición, lo que puede tener «una repercusión enorme en el abastecimiento y los servicios de la ciudad«.

Problemas de abastecimiento

Desde Fenadismer, coinciden en que la decisión del Ayuntamiento afectará gravemente a la actividad del suministro y abastecimiento de todas las mercancías que precisa la ciudad.

Además, el colectivo Madrid Sostenible, heredero de la Plataforma de Afectados de Madrid Central, ha recordado que la prohibición afecta al 80% de las furgonetas que distribuyen las mercancías y alimentos para el canal horeca.

Teniendo en cuenta que no existen furgonetas frigoríficas eléctricas con suficiente capacidad de carga, la amenaza de un problema de abastecimiento para los restaurantes de todo tipo de producto fresco, verduras, carne y muy especialmente pescado, puede afectar en gran medida a la actividad de los restaurantes.

De igual modo, la restricción tiene «un efecto demoledor» sobre las mudanzas, cuya situación ha quedado en un limbo legal ante la incapacidad de tramitar los permisos para este tipo de vehículos.