Después de Guipúzcoa, parece que llega la hora de Navarra. Otra provincia que tiene frontera con Francia y que aprovechando su posición geográfica estratégica como puerta de entrada y salida del tráfico internacional pesado, plantea la alternativa de financiación con peajes aplicados exclusivamente a vehículos pesados, bajo los principios de “quien contamina paga y quien usa paga” y aprovechando el hecho de que el tráfico de mercancías por carretera es inevitable e indispensable para la actividad económica en la sociedad actual.

Lejos queda octubre de 2017, cuando el Parlamento de Navarra aprobó una moción parlamentaria de rechazo a la instalación de peajes para camiones en la N-I, por parte de la Diputación de Guipúzcoa, que pretendía empezar a aplicar esta medida a partir de enero de 2018, «por las consecuencias negativas que tendrá en lo que respecta al tráfico de camiones».

Ha sido en el marco de la Mesa de Trabajo de financiación de carreteras y otras infraestructuras viarias, donde el consejero de Cohesión Territorial del gobierno foral de Navarra, Bernardo Ciriza, ha planteado a los representantes de los diferentes grupos parlamentarios y de la Cámara de Comptos, la posibilidad de establecer este nuevo ‘impuesto encubierto’.

Aunque las cifras planteadas son de carácter inicial y orientativo, dado que dependen de diferentes variables como la evolución del tráfico pesado, tarifa de peaje, coste de la implantación del sistema de peaje, se estiman en hasta 45 millones de euros anuales, los que se podrían ingresar con el peaje a vehículos pesados en vías de alta capacidad que actualmente no se encuentran concesionadas. Es el caso de la A-10, Autovía de la Barranca – Irurzun / Alsásua; A-15, Autovía de Leitarán – Irurzun-Andoain; N-121-A, Pamplona / Behovia; A-1, Autovía del Norte – Ciordia /Alsásua  y A-68, Autovía del Ebro – Castejón-Cortes.

Se trata de una alternativa para financiar en los próximos años obras urgentes, como son la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz, una actuación requerida por la Unión Europea, y la conversion de la N-121-A en una vía 2+1, así como el mantenimiento de estas cinco carreteras.

Una empresa pública se encargaría de la gestión de estas cinco vías de alta capacidad, ubicándose fuera del perímetro de consolidación del sector público, es decir, que sus actuaciones no computarían ni como déficit ni como endeudamiento de la Administración Foral. El consejero Ciriza ha destacado que «se trata de una propuesta abierta a las aportaciones de las diferentes formaciones y que busca el mayor consenso político posible».

En Navarra existen otras tres vías de alta capacidad que se encuentran concesionadas, como son la AP-15 Pamplona-Tudela, dependiente de Audenasa, cuya concesión revertirá en 2029; la A-12 Autovía del Camino – Pamplona-Logroño, cuya concesión se prevé finalice en 2032; y la A-21 Autovía del Pirineo – Pamplona-Huesca, cuya reversión a la Administración Foral se producirá en 2039.

La futura y posible implantación de peajes a vehículos pesados, que debe ser autorizada por la Unión Europea, en estas dos últimas vías dependería de la finalización de las concesiones, dado que actualmente no se prevé su rescate por parte de la administración foral, que supondría a su vez desembolsar más de 500 millones de euros, así como de su incorporación a la empresa pública para su gestión.

Hiru se opone a los peajes

Por su parte, el sindicato Hiru, de transportistas del País Vasco rechaza de manera contundente el planteamiento de establecer peajes para camiones, ya que “los transportistas no podemos hacernos cargo del pago de las infraestructuras”.

En un comunicado emitido este pasado sábado, se reitera que» la financiación de la construcción y el mantenimiento de las carreteras públicas tienen que ser, tal y como su nombre indica, públicas y por lo tanto, deben financiarse mediante impuestos y no hacer que los repague un único sector«.

Exigen al gobierno navarro, que trabaje en políticas integrales que garanticen el futuro del transportista autónomo, promoviendo y apoyando a este sector estratégico, mejorando sus condiciones laborales y no fomentando medidas como los peajes, que lo único que van a conseguir es hundir definitivamente al transportista autónomo.