Los compradores afectados pueden pedir una compensación por el sobreprecio sufrido.
Los transportistas portugueses afectados por el cártel de camiones formado por MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, DAF y Scania, a los que la Comisión Europea ha impuesto una multa de casi 3.000 millones de euros por pactar precios y retrasar la introducción de nuevas tecnologías para la reducción de emisiones, podrán interponer su reclamación a través de un nuevo servicio jurídico.
La firma Hispajuris, que actualmente está atendiendo a transportistas de toda España en esta cuestión, amplía su servicio al Portugal a través de un convenio con el despacho luso GPA Abogados, con la que compartirá sus conocimientos en este ámbito para mejorar la defensa de los intereses de los afectados, así como los informes periciales con los que podrán sostener sus demandas.
La prestación del servicio, dirigido a los que que hayan comprado camiones medios y pesados de estas marcas entre 1997 y 2001, se llevará a cabo siguiendo criterios de máxima proximidad a los afectados, gracias a la participación de abogados presentes en todo el territorio portugués que se ocuparán de realizar las reclamaciones judiciales.
Los compradores afectados pueden pedir una compensación por el sobreprecio sufrido a causa del pacto ilegal entre fabricantes. En este sentido, aunque ha habido diversas opiniones al respecto, se entiende que se aceptarán las reclamaciones presentadas hasta el 5 de abril de 2018.