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Los precios oficiales no se han cumplido cuando se han implantado.

Las características que han acompañado desde sus inicios al sector del transporte por carretera, atomización de la oferta y poca capacidad de negociación ante los clientes, han propiciado que todos los países europeos, incluso los más liberales, hayan implantado en algún momento de su historia medidas de intervención administrativa en el mercado del transporte. 

En lo que respecta a las políticas de tarificación, las administraciones europeas optaron por establecer, hacia la segunda mitad del s.XX, precios oficiales que debían pagar quienes contrataban el transporte, con el fin de frenar el ‘envilecimiento de precios’.

Antes incluso de que la libertad empresarial que promulga actualmente la Unión Europea, impidiese a los Estados miembros entrar en estos temas, la tarificación en este mercado tuvo «un éxito relativo» en esos años. 

Así lo han señalado expertos en Derecho y en el sector del transporte a cadenadesuministro.es, consultados tras la propuesta de Fenadismer de incluir en el ROTT la prohibición expresa de contratación de los servicios de transporte por debajo de costes.

No se cumplían

En primer lugar, las tarifas obligatorias rara vez eran respetadas, ya que ni los transportistas tenían capacidad para exigir a los cargadores, (igual que ahora, 50 años después), ni estos estaban dispuestos a pagar precios por encima de los que dictase el mercado.

De hecho, para los cargadores resultaba más rentable abonar la correspondiente multa de la Administración que pagar los precios oficiales.

Sin embargo, de algo sí que sirvieron, ya que establecían el precio razonable que deberían percibir los transportistas, misión que recae, en la actualidad, en el Observatorio de Costes de Fomento, que sirve de guía pero no tiene ningún carácter legal.

A esta realidad se sumaron, en los años ’70, las recomendaciones que una comisión de expertos encabezada por Pierre Guillaumat trasladó a la entonces Comunidad Económica Europea, cuando esta se decidió realmente a instrumentar una política de transportes.

Según esta comisión, la política tarifaria hacía desaparecer cualquier incentivo para mejorar los servicios ofertados en el transporte por carretera, ya que el precio tenía que ser siempre el mismo independientemente de la calidad del servicio prestado.

Las conclusiones de este informe exigían incluso una política europea más liberalizadora que la actual, ya que llamaba a facilitar una competencia lo más abierta posible no sólo entre empresas si no también entre modos de transporte.

Restricciones de acceso de carácter cualitativo

Europa optó por eliminar la tarificación de precios y las medidas de restricción de acceso al mercado que se habían venido aplicando, las cuáles, según Guillaumat, garantizaban al empresario menos eficiente su permanencia en el mercado, al establecer un número de oferentes determinado sobre la demanda.

En definitiva, los países miembros cambiaron el carácter de las restricciones de acceso al mercado, pasando de cuantitativas a cualitativas, es decir, capacidad financiera, honorabilidad, etc. Bajo estos fundamentos se han implantado medidas, como por ejemplo, el número de vehículos necesario para entrar en el mercado.