Desde hace años se viene barruntando que tarde o temprano acabaría llegando un debate que ha venido avanzando paso a paso sobre la financiación de la cada vez más densa red de carreteras públicas del país, agravada con la reversión al Estado de las autopistas de peaje a las que no se les ha renovado la concesión por parte del actual gobierno socialista.

Además, esta situación se produce en un contexto de crisis de los ingresos del Estado provocado por la brusca caída de actividad económica que ha supuesto la pandemia de coronavirus.

En este marco, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha abierto a la participación pública la redacción del anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano hasta el 30 de octubre próximo.

Establecer las bases «de una planificación rigurosa»

Entre otros aspectos, esta norma pretende establecer las bases para garantizar una planificación rigurosa en el ámbito de las infraestructuras de transporte, que, según el Ministerio, «aporte certidumbre a los distintos operadores, así como establecer criterios de priorización para las inversiones que acometa la Administración General del Estado, que asegure que los recursos se destinan a los proyectos que generen mayor valorpara la sociedad».

De igual manera, el Departamento también quiere que esta norma plantee «la necesidad de desarrollar un modelo predecible de financiación para la conservación y mantenimiento del importante stock de infraestructuras con el que está dotado nuestro país, todo ello en el marco de la normativa europea, así como de los nuevos instrumentos de gobernanza que se diseñen para el seguimiento de los sistemas de provisión».

En definitiva, y a pesar de que no se dice expresamente, esta posibilidad abre que los lobbies de los gestores de infraestructuras hagan sus propuestas para introducir peajes en la red de vías de alta capacidad del país si así lo desean, ya sea para todos los vehículos o para casos concretos, como pueden ser los de los camiones.

Además, el Ministerio se abre, a través del proceso de participación pública, a estudiar estas propuestas y a tenerlas en cuenta a la vista del panorama económico.

¿El enésimo regreso de la amenaza de las 44 toneladas?

Así mismo, por otra parte, en el anteproyecto también se argumenta que la necesidad de «mejorar la competitividad del transporte y la logística puede requerir modificaciones de las normas sectoriales que regulan cada modo de transporte», que es un fraseo muy similar al utilizado para introducir las 44 toneladas en el plan de ayudas a la automoción presentado hace algo más de un mes.

Precisamente esta expresión «mejorar la competitividad del transporte», bajo la idea de aumentar la capacidad de carga de las unidades de transporte por carretera, es la que viene sirviendo para introducir el debate sobre nuevas composiciones vehiculares en las carreteras españolas, como las 44 toneladas.

Así las cosas parece que un contradictorio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana intenta con una mano aplacar la revuelta de un sector que ha convocado un paro patronal y con la otra sigue metiéndole el dedo en el ojo en lo que parece un claro síntoma de que lo que hace una extremidad no sabe lo que intenta la otra.