España es uno de los países con una red de vías de alta capacidad más amplia en la Unión Europea. El mantenimiento de estas infraestructuras, que gestionan diferentes Administraciones, supone grandes inversiones en un momento de aguda crisis en los ingresos que percibe el Estado.

En esta coyuntura, las presiones para implantar algún tipo de canon en las autovías se suceden desde hace largo tiempo y arrecían de vez en cuando, azuzadas por las declaraciones públicas de algún que otro responsable político preocupado por unas cuentas que no acaban de salir.

Esta misma semana, Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en un foro público, ha afirmado que esta «no es cuestión que esté en la mesa del Gobierno», que «no se está estudiando» y que, además, exige un acuerdo amplio en el Parlamento, cosa difícil con la actual composición del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, el superior de Saura, el propio ministro Ábalos, ha vuelto sobre el tema en varias ocasiones, incluso en sus últimas comparecencias parlamentarias, reclamando un acuerdo al respecto.

Así pues, ¿quién se fía del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tras las consecuencias del reciente plan de rescate de la industria automovilística para el transporte de mercancías?

¿Quién puede poner la mano en el fuego por un Departamento azorado ante necesidades más perentorias, ante presiones de lobbies y grandes empresas con más capacidad para apretarle las clavijas?

Lo cierto es que el modelo de cancelación de las concesiones ofrece poco recorrido, que las grandes constructoras tienen línea directa para la interlocución de alto nivel con un Ministerio que, además de regular el transporte, también controla las infraestructuras, y que el transporte de mercancías, pasado el minuto de gloria que, a ojos del Gobierno, ha tenido durante el estado de alarma, es irrelevante para los gestores de la cosa pública que parten el bacalao.