El secretario estatal del sector ferroviario de SMC-UGT, Ángel Ruiz, ha denunciado la posición de "cerrazón" de Adif para mantener un diálogo que ayude a "solucionar los problemas existentes" y que además de afectar a los trabajadores "también afectan a los ciudadanos como usuarios de los servicios ferroviarios". Como consecuencia de esta falta de diálogo es por lo que los sindicatos han planteado dos jornadas de huelga en Adif para los días 31 de julio y 1 de agosto.
Según Ruiz, los "cinco puntos de conflictos abiertos" con la empresa son, en primer lugar, el traslado "forzoso" de 400 trabajadores de un total de plantilla de 13.500, lo que supondrá, según ha denunciado, el cambio de residencia y el desarraigo social de los empleados afectados. En segundo lugar está la inspección visual de vagones, "de la que antes se encargaba el personal de Renfe, con categoría de visitadores y, por lo tanto, con capacitación adecuada para llevarla a cabo".
Sin embargo, ahora se encarga Adif, que ha destinado a sus operarios de nivel III, "el más bajo de la empresa", para decidir si un vagón puede o no circular. "Los motivos son únicamente económicos, en un claro intento de Adif por reducir costes".
El secretario también se ha referido a la venta de billetes, servicio que actualmente hace Renfe a través de Adif. En este sentido, ha pedido que se aclare "qué trabajadores van a pasar a Renfe y cuántos se van a quedar en Adif, así como cuáles van a ser sus ocupaciones".
Otras cuestiones por esclarecer son "los problemas existentes en las terminales de carga que son propiedad de Adif, mientras que los trenes lo son de las operadoras privadas" y, por último, el cierre de las bases de mantenimiento de las infraestructuras, que Adif estima en 300, y de las que 30 son administrativas "y no suponen ningún problema" y 74 son terminales "con menos de tres trabajadores dedicados al mantenimiento de las vías".
En este sentido, Ruiz ha pedido una explicación sobre los criterios seguidos por la empresa a la hora clasificar las terminales como estrictamente necesarias y valorar la idoneidad o no de la decisión ya que “nosotros somos los que estamos a pie de obra y sabemos cuáles son las que plantean problemas de desarraigo y problemas de seguridad para los usuarios", ha manifestado el responsable sindical del sector ferroviario estatal de UGT.
Castilla y León
En cuanto a la repercusión que esta situación tendrá en Castilla y León, el secretario regional del sector ferroviario de SMC-UGT CyL, Felipe de Diego, se ha referido a los trabajadores que se verán afectados por el traslado forzoso, cifrándolos en 100 de un total de 1.668 trabajadores que son los que integran la plantilla de Adif en la Comunidad Autónoma.
De Diego ha incidido en el hecho de que, si bien estos traslados se deben a la falta de coincidencia entre excedentes y vacantes, en otras ocasiones no han llegado a producirse porque se ha negociado otra salida, que pasaba por la búsqueda de otros trabajos alternativos en la provincia, y los traslados que se producían eran de carácter voluntario.
Con estos datos, De Diego se ha mostrado contundente al denunciar el desarraigo social que afectará a los trabajadores así como la pérdida de población activa que seguirá sufriendo Castilla y León ya que de los 100 traslados forzosos previstos en la región, 25 trabajadores tendrían que cambiar de provincia y 75 se verían obligados a abandonar la Comunidad Autónoma.
Por ello, desde el sindicato se ha insistido una vez más en la consecución de una "medida fundamental" para solucionar estos problemas: "el diálogo".