La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han desarrollado una operación en toda España contra grupos criminales dedicados a adulterar el gasóleo con la connivencia, en muchos casos, de gasolineras, y en la que ya se han detenido a 98 personas, además de incautarse 1,2 millones de euros, 331 vehículos y 128 inmuebles, según ha informado el Instituto Armado el pasado viernes 6 de junio.
Los detenidos están acusados de varios delitos contra la Hacienda Pública, de estafa, falsedad documental y organización criminal. Hasta el momento, se han obtenido pruebas e indicios de la participación en los hechos, en mayor o menor grado, de 138 personas físicas y 104 personas jurídicas.
La red llegó a defraudar más de 5,5 millones de euros a la Hacienda Pública por el Impuesto Especial de Hidrocarburos, a lo que se sumaría la defraudación, por determina0r, en el IVA y otros impuestos, aprovechando la diferencia de tipos impositivos entre el producto que adquiría y el que vendía a gasolineras y transportistas.
Las investigaciones, iniciadas en 2011 y realizadas de forma conjunta por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria concluyeron el jueves con una actuación combinada en 24 provincias, con 52 entradas y registros en domicilios de particulares y empresas.
Hacían pasar carburante de tipo 'B' o 'C' por el gasóleo de tipo 'A'
La trama, compuesta por nueve organizaciones distintas que extendían su actividad por 11 comunidades autónomas, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana, adquiría gasóleo agrícola y de calefacción ('B' y 'C'), que están bonificados fiscalmente, manipulaba el producto resultante para eliminar las sustancias que permiten diferenciarlo a simple vista del gasóleo 'A' y lo mezclaba con otros productos no sujetos al impuesto para abaratar aún más su coste fiscal.
De esta forma, la trama reducía notablemente sus costes, perjudicando a otros operadores por la competencia desleal y originaba riesgos para los consumidores, dada la baja calidad del carburante.
La macroorganización estaba formada por organizaciones jerarquizadas y organizadas con mayor o menor autonomía, que alcanzaban a toda la cadena comercial de los hidrocarburos. Así, en la trama intervenían proveedores de hidrocarburos, transportistas, centros clandestinos de transformación y clientes del producto final, es decir, las estaciones de servicio cómplices y grandes consumidores.
Además, contaba con una serie de sociedades instrumentales y receptores de facturas falsas. Su papel era fingir la recepción del gasóleo bonificado, justificando con ello el destino legal que teóricamente daba el proveedor a este gasóleo 'B' y 'C'.
Entre otros activos, la red contaba con una fábrica de biodiesel, 37 titulares de establecimientos dedicados a la producción, distribución y comercialización al por mayor de hidrocarburos; 46 estaciones de servicio, 13 transportistas, nueve posibles centros de transformación y numerosos receptores de facturas falsas.