El operador postal privado Unipost, con una deuda cercana a los 50 millones de euros, ha presentado concurso voluntario de acreedores en el Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona. De este modo, pretende hacer frente a sus problemas financieros, garantizar su viabilidad y proteger los derechos de sus trabajadores, franquiciados, proveedores, clientes y destinatarios.

En este momento, la compañía está preparando un plan para mantener la actividad, que pasa por una profunda reestructuración, quitas y esperas para los acreedores, y una redefinición estratégica.

En la empresa consideran que «las actuales circunstancias del mercado y una particular aplicación de la regulación del sector postal en España» han provocado un «considerable desequilibrio» en favor de Correos. En este sentido, han apuntado a la aplicación del IVA en este ámbito y a una «discriminatoria» aplicación de los descuentos de acceso a la red postal pública, entre otros aspectos.

Unipost, que ha acumulado unas pérdidas de 23 millones entre 2011 y 2015, ha reducido su patrimonio neto de los 13,2 millones a los cuatro millones negativos en este mismo periodo. Debe un total de 5.443.749 euros a la Agencia Tributaria, según la lista de deudores que ha hecho pública en junio el Ministerio de Hacienda, y su deuda con los trabajadores está cerca ya de los cinco millones.

UGT exige explicaciones sobre una posible compra

Desde UGT, consideran que la prioridad debe ser «buscar soluciones constructivas que permitan superar este escollo con decisiones empresariales inteligentes que, hasta el momento, no se han producido«. Por ello, responsabilizan directamente a la Dirección de la empresa de la situación, a la que se ha llegado debido a «malas decisiones empresariales y una gestión ineficiente y errática«.

Además, ante la falta de información previa al concurso de acreedores, el sindicato ha solicitado una reunión con los responsables del grupo para conocer la realidad y despejar dudas ante los rumores sobre una posible compra por parte de otro operador.

También han pedido una reunión con la Secretaría de Estado de Economía para averiguar cómo podría condicionar la deuda con las administraciones públicas el mantenimiento de los puestos de trabajo, saber cómo afecta lo ocurrido al mercado postal y recibir una valoración oficial sobre los rumores de compra. Por último, esperan que el Ministerio de Economía se comprometa a hacer un seguimiento de la compañía.