La Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias, Zalia, ha entrado en situación de insolvencia, al haber vencido el plazo que habían dado los bancos acreedores para renegociar un crédito de 88 millones de euros.
El gobierno autonómico de Asturias, que posee el 40% de las acciones de la Zalia, está dispuesto a avalar el 90% de la deuda y espera que el Ayuntamiento de Gijón asuma el 10% restante. En cambio, el gobierno local ha exigido un trato equitativo para todos los accionistas, respecto de la decisión de Puertos del Estado y el Ayuntamiento de Avilés que han rechazado avalar en estos momentos a Zalia, conforme a su porcentaje accionarial de un 45% y 5% respectivamente.
En julio, Zalia ya tenía que haber devuelto a los bancos 8 millones de euros pero se evitó mediante un acuerdo con las entidades financieras para renegociar el crédito, hasta el 1 de diciembre.
Por lo tanto, a partir del 2 de diciembre ha sido el primer día hábil en el que los bancos ya podían exigir ese dinero. Hasta ahora la Zalia ha dispuesto de algo más de 80 millones de euros, y a 31 de diciembre de este año habrá vencido el plazo para devolver 27 millones, si no se cierra el acuerdo con los bancos.
En la reunión del consejo de administración de la Zalia los accionistas aceptaron las condiciones planteadas por los bancos, a falta de cerrar la cuestión de los avales. El planteamiento pasaba por que el ayuntamiento enviara el 2 de diciembre a la sociedad una propuesta con lo que estaba dispuesto a aceptar y sus condiciones.
No obstante, el ayuntamiento condiciona su contribución financiera a la Zalia a que se construyan de manera urgente los accesos a la zona logística, fijando plazos de licitación y ejecución; exigiendo al Ministerio de Fomento la autorización a los puertos de El Musel y Avilés a incluir en sus planes de empresa una partida presupuestaria para avalar a la Zalia.
En el caso de que los accionistas no alcancen un acuerdo para avalar el 100% de la deuda de Zalia tendrían que hacer frente a la devolución del crédito en las condiciones pactadas actualmente. El Principado tiene avalado el 70%, el Ayuntamiento de Gijón el 10% y el Ayuntamiento de Avilés el 5%.