El titular de Fomento quiere desarrollar "una red (de carreteras) absolutamente igualitaria para el conjunto de españolas y españoles", aunque no hay nada previsto sobre las consecuencias de la medida.
El coste directo de la conservación y mantenimiento de las autopistas que se incorporen a la red pública supondrá entre 50.000 y 68.000 euros por kilómetro al año.
Sigue aumentando el número de camiones que utilizan las vías de pago en España y ya casi suponen un 19% del total de vehículos que utilizan estas autopistas.
Seis autopistas de peaje revertirán en los próximos años al Estado y es preciso decidir si se sacan a concurso para que sean explotadas por empresas privadas o si se mantienen en la red de carreteras estatales.
La organización sindical UGT pretende impedir que decaiga el actual convenio y asegurar las condiciones de trabajo a los más de 1.700 profesionales que trabajan en estas vías.
El Ministerio no renovará la concesión de seis autopistas cuyo plazo finalizará entre 2018 y 2021, que son actualmente gestionadas por el Grupo Itínere y por Abertis.
El primer concurso para el análisis de cuentas y de la situación legal de las autopistas se ha declarado desierto, por lo que Fomento modificará los pliegos para hacer el concurso más atractivo.