El Ministerio de Fomento asume que el importe final lo determinará un juez, ya que es probable que los concesionarios recurran el que fije la Administración.
La compañía continúa así con su estrategia de negocio y crecimiento, mientras se resuelve la OPA lanzada por la italiana Atlantia, a la espera de que surjan otras ofertas competidoras.
En los últimos años, el Ejecutivo no ha logrado cerrar un acuerdo con las concesionarias, por lo que las autopistas, que se encuentran actualmente en concurso de acreedores, revertirán al Estado.