Con esta acción, UGT y CCOO denuncian que Transcalit y ACET se niegan a negociar el convenio provincial porque esperan que "gracias a la reforma laboral del PP, el convenio pierda vigencia el próximo 8 de julio y el sector quede desregulado”.
Se reúnen el martes 19 en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje para llegar a un acuerdo que evite la convocatoria de tres jornadas de huelga en las empresas de transporte, logística y almacenaje a nivel nacional.
Este martes, UGT y CCOO han presentado ante el SIMA de Madrid la solicitud de mediación pero matizan que “aún hay tiempo para negociar con las patronales antes de materializar una convocatoria de huelga”.
Las patronales denuncian que la decisión de la plataforma sindical choca con el impulso que estaba cogiendo la negociación de los convenios colectivos en los últimos meses.
En declaraciones a cadenadesuministro.es, el portavoz de la sección de puertos del sindicato, afirma que la situación está enquistada porque "la CECIR ni reconoce un convenio pactado legalmente, ni respeta un laudo que nos da la razón".
Alerta que ante la imposibilidad de generar liquidez por el abandono de la actividad, por lo que la negociación del ERE extintivo para los 270 trabajadores que aún estaban en la compañía sera complicado.
José Llorca ha ofrecido este miércoles a UGT, CCOO y CIG prorrogar el actual convenio colectivo sin las modificaciones pactadas para que la CECIR lo apruebe, pero los sindicatos exigen cumplir el laudo arbitral ganado en 2011.
Según denuncia CC.OO., Transcalit propuso rebajar gran parte del articulado del convenio, en materias como antigüedad, complementos por incapacidad temporal, jornada, bolsa de vacaciones o rebajas salariales, que son "inaceptables" para el sindicato.
Según los sindicatos, la patronal madrileña propone un único encuentro para el 4 de marzo con el objetivo de dilatar la negociación y esperar a julio "para hacer decaer el convenio y dejar el sector totalmente desregulado”.
Al haberse cerrado el período de consultas sin entendimiento, la empresa queda libre para acometer las medidas que crea necesarias, pues tras la reforma laboral el empresario no necesita la aprobación de la autoridad laboral.