Con la sentencia conocida este martes, el Tribunal Supremo reconoce la culpabilidad del Estado español, por haber mantenido vigente dicho impuesto durante más de una década, pese a las sucesivas advertencias de las instituciones comunitarias sobre su ilegalidad.
Hacienda devuelve a los transportistas la diferencia del impuesto entre el gasóleo profesional y el de particulares, ya que ambos se suministran sin diferenciación.
El sector lamenta las actuaciones "unilaterales y descoordinadas" de las administraciones autonómicas en lo que respecta a la fiscalidad de los carburantes.
Se implantará el Impuesto de Hidrocarburos en 2016, aunque no se verán afectados "los sectores profesionales castigados por la crisis" como transportistas, taxistas y agricultores.