A pesar de que aún se debe redactar el texto definitivo, se ha acordado una vigencia de tres años, hasta el 2016, y en él se contempla un incremento salarial de hasta el 1%.
Los sindicatos CCOO y CIG acusan a las asociaciones profesionales y a las empresas de un incumplimiento de la normativa relativa al uso del tacógrafo digital, vinculado con la crisis.