Hasta que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana promulgue una nueva Resolución, hay que cumplir íntegramente con los límites de tiempo establecidos en el Reglamento 561/2006.
Desde el Comité Nacional del Transporte por Carretera, reclaman que se garantice la continuidad de su actividad económica para poder seguir suministrando bienes de primera necesidad a la sociedad.
El Ministerio de Trabajo se compromete con el Comité Nacional a establecer un criterio homogéneo, para que los inspectores admitan los datos del tacógrafo sin pedir más pruebas del abono de las dietas.
El órgano consultivo de Fomento pide que se estudie "una política de incentivos al uso voluntario de las vías de peaje por el transporte pesado, como las aprobadas por el Gobierno en el año 2015".
Entre los supuestos de pérdida, se encuentra que la empresa haya sido sancionada por la comisión de cualquiera de las 21 infracciones consideradas muy graves, aunque algunas no sean imputables al transportista.
El Comité Nacional, que achaca esta pretensión al "enorme poder de influencia de las grandes empresas cargadoras" reacciona subrayando que una medida así debería contar con "el previo acuerdo con el sector del transporte".
Cargadores y transportistas evidencian sus diferencias ante una posible modificación de los pesos y dimensiones de los vehículos pesados, con Fomento pidiendo "un gran acuerdo", algo que hoy por hoy parece ciencia-ficción, aunque ambas partes se emplazan a retomar las negociaciones.
Con este trámite, Fomento da un nuevo paso para enviar la reforma de ROTT al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva en los primeros días de febrero.