El Gobierno aprueba un nuevo Real Decreto para adecuar la regulación de la consignación de buques a la situación actual, con un nuevo Registro de Agentes Consignatarios.
Las empresas estibadoras temen que al tener la condición de Almacén de Depósito Temporal y estar obligadas a cumplir con ciertas obligaciones ante la aduana, puedan ser objeto de sanciones económicas.
Desde Fimop se han mostrado preocupados por el incremento de la cantidad a abonar a la Seguridad Social para contratos inferiores a cinco días, lo que podría tener un impacto mayor en los puertos pequeños.
El acuerdo estará en vigor hasta finales de 2019, aunque se prorrogará tácitamente si no ha sido denunciado un mes antes del 31 de diciembre del año que viene.
Al encuentro han acudido un total de 11 asociaciones de Castellón, Málaga, Barcelona, Pontevedra, Valencia, Tenerife, Melilla, Ceuta, Algeciras, Las Palmas y Baleares.
La situación de la estiba en Portugal, donde existe una evidente falta de diálogo, ha marcado el desarrollo de la reunión, en la que también se ha hecho mención al nuevo marco jurídico del sector en España.
El evento reunirá a directivos de empresas consignatarias, representantes de entidades y asociaciones vinculadas al sector marítimo y portuario, profesionales de la comunidad logística y representantes institucionales.
El último en incorporarse ha sido Gabriel Torrente Rodríguez, que figura dado de alta como persona física y no como empresa, aunque operará bajo la marca comercial Meraki Disruption & Logistic.
El presidente de la Asociación ha pedido una mayor profesionalización para el colectivo de los consignatarios, con la exigencia de una certificación para el ejercicio de sus funciones.