El límite de indemnización por el periodo total de duración del seguro, de seis años, será de 250 millones de euros, y deberá garantizar "las consecuencias económicas derivadas de la OPV".
Con este acuerdo, hay dos años por delante, 2015 y 2016, para negociar un nuevo convenio, siendo de aplicación en todo este periodo el convenio en vigor ahora prorrogado.
La comisión de seguimiento de la privatización detectó un fallo formal en que la misma empresa encargada de elaborar la carta de conformidad, PwC, fuese la firma auditora de Aena.
La remisión del folleto de la OPV al regulador estaba prevista para este viernes lo que finalmente no ha sido posible al no haber recibido la 'luz verde' del Consejo de Ministros.
El director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal, ha sostenido que "las cosas hay que hacerlas bien, según la legalidad, y también con celeridad para que se cumplan los plazos".
La nueva Ley establece el cambio de denominación de Aena, indicando que Enaire continuará existiendo con el mismo régimen jurídico y naturaleza, y señalando que el presidente de la empresa pública será el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Corporación Financiera Alba, Faerco del Grupo Ferrovial y el Fondo TCI, formarán el núcleo estable de accionistas de Aena y podrán adquirir hasta un máximo del 21% de su capital social.
Empresa y sindicatos continúan sin lograr un acuerdo en los dos principales escollos de la negociación, como son la jornada laboral y la masa salarial, aunque confían en llegar a un acuerdo a lo largo de octubre.
El informe de Competencia calcula una reducción de la deuda de Aena del 27,8% para 2017, hasta 8.780 millones de euros en 2017, lo que supondría 3.285 millones euros menos en cuatro años.
El martes 23 de septiembre, se inició el proceso para que los inversores institucionales interesados, entre los que se encuentran Corporación Financiera Alba y el grupo Ferrovial, presenten sus solicitudes de participación.