Antes del 10 de marzo, Unipost podría haber aplicado un ERE con 244 despidos para dejar la plantilla en 1.086 trabajadores y cerrar 18 delegaciones en varias provincias.
La administración concursal, en manos de Jausas Legal, espera que llegue la fase de liquidación para tomar el control real de la empresa, con muy poco margen ya para encontrar un comprador.
Los propietarios del operador proponen un plan de viabilidad, que incluye el cierre de centros, 900 despidos, un aumento de precios y la reclamación al Gobierno de daños y perjuicios por las ayudas a Correos.
Desde el sindicato denuncian que se han impuesto "infinidad de medidas" que han precarizado las condiciones laborales "por culpa de la pésima gestión de la Dirección".
Desde COOO, reclaman la intervención del Gobierno para evitar "uno de los mayores ERE de los últimos años" y afirman que es imprescindible que aparezca un comprador para evitar el cierre.
En CCOO, consideran que "ha sido una mala gestión la que ha llevado a esta situación" y entienden que un supuesto comprador no debería "modificar las condiciones laborales y salariales".
Desde CCOO, han mostrado su "tajante rechazo" a esta decisión, por lo que tratarán de evitar la liquidación de la empresa y reducir al mínimo el número de trabajadores afectados.
El proceso de despido colectivo, basado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, afectará a trabajadores de distintos centros de trabajo.