Esta nueva norma, cuya entrada en vigor se producirá en tres meses, contiene los principios de la la gestión portuaria autonómica de los puertos que gestiona el gobierno autonómico.
La generalitat catalana, pretende con la nueva ley, aumentar la flexibilidad del actual sistema concesional, para generar tanta actividad económica como sea posible, "en línea con la realidad actual".
Según ha apuntado el presidente de Puertos del Estado, "estamos trabajando con Hacienda para dotar de fondos importantes a la línea Madrid-Algeciras", una conexión que es "prioritaria" para el actual Gobierno.
Así lo ha anunciado el director de la Unidad de Política de Puertos de la CE, Dimitrios Theologitis que, además, ha mostrado su apoyo al dictamen motivado de Europa sobre dicho sistema por considerar que va en contra de la libre competencia y libertad de mercado.
Se ha modificado el anexo III de la Ley de Puertos, en el que se recogen los códigos y los grupos asignados a las mercancías, aunque este cambio no afecta a las tasas de mercancías.
La sentencia en la práctica no tiene ninguna repercusión porque los conflictos planteados en su momento por los 78 diputados socialistas fueron solventados por el acuerdo entre PSOE y PP en la nueva Ley de Puertos 33/2010.
Los sindicatos de la estiba junto con Anesco y Puertos del Estado se reunirán el próximo 20 de noviembre en Bruselas para conocer de primera mano las objeciones que la Comisión Europea pone a la actual legislación portuaria española.
Llama la atención que del conjunto de 18 títulos oficiales que detalla la orden de Fomento, ninguna de ellas tenga una vinculación directa con los trabajos de estiba o, incluso, con al ámbito marítimo portuario.