Unipost cree que Correos ha abusado de posición de dominio contra la libre competencia en el mercado postal español.
Esta sanción pone el contrapunto a la demanda civil contra Correos que Unipost anunció en noviembre.
La Guardia Civil detecta anulaciones de facturas asociadas a servicios de reparto relacionados con la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017 con deuda todavía viva que, sin embargo, el administrador concursal no tiene contabilizadas como pendientes de cobro.
En un movimiento inédito, el administrador concursal ha contratado, con permiso judicial, los servicios de un fondo de litigación para presentar una demanda civil contra el operador postal público.
El Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona también ha abierto plazo para calificar definitivamente el concurso y determinar si ha habido responsables en la gestión empresarial del operador postal.
La investigación también ha llevado a comprobar que el operador se ha beneficiado de más exenciones fiscales de las debidas,una diferencia que Bruselas cifra en un millón de euros.
En CCOO, estiman que UGT debería retirar el recurso interpuesto sobre el ERE, dado que al haber cerrado la empresa, no es probable que el despido se vaya a calificar como nulo o improcedente.
Los últimos trabajadores del operador postal saldrán en dos tandas mientras el administrador concursal espera la decisión judicial para continuar con el plan de liquidación.
El administrador concursal espera sacar a subasta los bienes del operador postal cuanto antes.
La nueva fase del ERE del operador postal privado también afectará a 499 trabajadores, que saldrán antes de fin de mes.