La agresividad y la aparente impunidad de las protestas agrarias por el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur extienden sus efectos con efectos que podrían llegar a ser estructurales tanto en el empleo en el transporte como en las infraestructuras viarias.
Menos conductores
CETM argumenta que "los continuos cortes de carreteras derivados de las movilizaciones agrarias en España y Francia están contribuyendo a agravar la crisis de falta de conductores profesionales que pone en jaque el futuro del transporte por carretera y la competitividad de toda la economía española".
En esta misma línea, la confederación asegura que "el sector del transporte ya afrontaba un reto importante por la falta de conductores antes de estos bloqueos. De hecho, en España hay alrededor de 20.000 puestos de conductor sin cubrir".
Para la entidad, esta cifra "refleja la dificultad actual para atraer y retener profesionales en el transporte por carretera. Además, la plantilla está envejecida: aproximadamente la mitad de los camioneros españoles tiene más de 55 años, y los conductores menores de 25 representan solo un porcentaje muy pequeño del total".
Daños en infraestructuras
A su vez, Fenadismer asegura que "bajo el pretendido derecho a la manifestación, los agricultores que se han venido movilizando en Cataluña no se han limitado a bloquear las principales vías de conexión tanto a nivel autonómico como con Europa, sino que de forma salvaje e incontrolada han cometido innumerables destrozos y estragos a lo largo de la red viaria".
Esta patronal cree que "los bloqueos en las carreteras son llevados a cabo por grupos de agricultores radicales que actúan de forma aislada y violenta, sin respetar en ningún momento el legítimo derecho al trabajo de otros sectores profesionales, como es el de los transportistas por carretera, ocasionándoles injustificadamente pérdidas millonarias cada día que ven perturbada su actividad".
A este mismo respecto, CETM alega que "el daño en el firme, la señalización y otros elementos de la vía supone un coste que acaba asumiendo el conjunto de la ciudadanía, al tratarse de infraestructuras financiadas con fondos públicos. Unos recursos que podrían destinarse a mejorar la seguridad vial, el mantenimiento de la red viaria o servicios esenciales y que, sin embargo, deben emplearse en subsanar desperfectos evitables".
